Por las detenciones arbitrarias, maltrato físico y actuación “brutal” de los elementos de la Fiscalía estatal durante la segunda jornada de protestas por la muerte de Giovanni López, el gobernador de Jalisco y el fiscal, Gerardo Octavio Solís, ofrecieron una disculpa pública.El mandatario se dijo apenado por los hechos, aunque al mismo tiempo defendió que “los policías ministeriales (investigadores) tienen autonomía y no dependen de las órdenes del gobernador”.Añadió que todos los que habían sido reportados como desaparecidos ya fueron localizados y “están en casa”.La Fiscalía también liberó a los 22 aprehendidos tras la marcha del jueves para exigir justicia por el homicidio que cometieron policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Brandon Villalobos, uno de ellos, comentó que los iban a trasladar al penal de Puente Grande, “pero a última hora nos dijeron que nos iban a liberar”.Según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), se les habían imputado cargos por daño a las cosas, lesiones, desobediencia, delitos contra representantes de la autoridad, resistencia de particulares y ataques.Anuar García, presidente de SOS Jalisco, explicó que retirar los cargos a los detenidos es facultad de la Fiscalía, aunque el gobernador dijo que él lo haría. “Y como no tenemos una Fiscalía autónoma, se siguen las órdenes del gobernador y eso es legal”.“Si fueran delitos graves se tiene que seguir como oficio penal. Pero al ser menores, la Fiscalía no viola su obligación constitucional al no perseguirlos”.Este medio preguntó a la dependencia bajo qué argumento se desistieron de los cargos. No hubo respuesta.Previo a la manifestación del viernes, policías sin uniforme (sólo con chalecos) se preparaban con bates y palos. Jennifer, una chica que iba a la concentración, relató que éstos subían a los camiones a bajar a quienes se iban a manifestar, y a algunos de ellos se los llevaron.Los organizadores comenzaron a notar que muchos no acudían. Luego, al menos ocho de ellos no contestaban su teléfono.Inés fue una de las detenidas. Iba con su hermana menor, Isabel, y su pareja, Víctor.Caminaban por Calle 14, cerca de la Fiscalía del Estado, rumbo a la manifestación. Una camioneta sin rótulos se les emparejó y de ella bajaron dos individuos vestidos de civiles. Les quitaron cartulinas y golpearon a Víctor. “Ellos no hablaban; se fueron directo a los golpes”.Trató de quitárselos y, en la refriega, a la cual después se sumaron policías con uniforme, resultó golpeada. Sin saber por qué, se los llevaron a “la jaula”, una improvisada prisión en el edificio de la Fiscalía donde ella vio a alrededor de 30 personas más. Todos estaban retenidos con la excusa de buscar a quien incendió a un policía durante la manifestación del jueves.“Llegó el jefe de la Policía y nos dijo: ‘Ya se van a ir, lo que no queremos es volverlos a ver aquí nunca. Y si los volvemos a ver por aquí, así les va a ir’”.Luego los separaron y, con la cabeza agachada, los hicieron subir a unidades disfrazadas. Isabel, por ejemplo, vio que iba en una con una calcomanía de una panadería. “Todo el tiempo nos decían: ‘Están muy bonitas’; ‘eso les pasa por revoltosas’; ‘consíganse un marido’”.Tras varias vueltas, las soltaron. Inés terminó en Toluquilla, Isabel en el Cerro del Cuatro y Víctor en Las Pintas. Como pudieron, regresaron a sus casas.Durante las manifestaciones del jueves y, particularmente la del viernes, para exigir justicia por la muerte de Giovanni, los elementos que detuvieron a decenas de jóvenes actuaron “de manera ilegal y arbitraria”, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón.“Las detenciones fuera de protocolo y causa legal pueden calificarse como desapariciones forzadas, al no tener información de su paradero (de los detenidos). Eran personas vestidas de civil, presumiblemente servidores públicos, tenían radios. Se los llevaron (a los jóvenes que iban a manifestarse) a lugares lejanos y los dejaron a su suerte”, resaltó.La Comisión pidió al Gobierno del Estado y a las instituciones de seguridad, como la Fiscalía, entablar una mesa de diálogo con los familiares de las víctimas, asociaciones civiles, representantes de estudiantes y ciudadanía, para atender sus exigencias.“Reprobamos las detenciones ilegales, la privación ilegal y los casos de desaparición forzada que se acrediten. Reiteramos que actuaciones como éstas rompen el Estado de derecho”.Agregó que la defensoría tiene conocimiento de entre 20 y 60 posibles detenidos y liberados, por lo que les pidió dar su testimonio para integrar la investigación. “Aún hay gente desaparecida”, lamentó.Estaba citado a declarar por el asesinato de Giovanni López, pero el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, no acudió el viernes a la Fiscalía estatal. El titular de esa dependencia, Gerardo Octavio Solís, informó que el munícipe debía corroborar algunas declaraciones que dio a la prensa, pero no como indiciado en ese asunto. El presidente municipal también está citado a declarar el lunes, pero ya como implicado en un caso de abuso de autoridad, por lo que deberá acudir con un abogado.Por tercer día consecutivo se organizó una manifestación en el primer cuadro tapatío por el asesinato de Giovanni López, el pasado 5 de mayo, a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. A esa demanda se sumó la exigencia de liberar a 28 personas detenidas el jueves y la localización de otros jóvenes privados de la libertad el viernes por agentes de Fiscalía. En Palacio de Gobierno, una valla de mujeres policías (conocidas como “toritas) evitó que se acercaran a la puerta del recinto. Sin embargo, los manifestantes reiteraron que su protesta era pacífica. Incluso, fueron ellos quienes sofocaron los conatos de violencia que inició un pequeño grupo integrado por más de 10 personas. Tras pasar un rato, los organizadores se retiraron y dejaron atrás a un contingente acéfalo que, hacia las 19:00 horas, no se decidía a donde ir.Hechos. Dos agentes de la Fiscalía fueron detenidos tras las detenciones ilegales ocurridas durante la manifestación del viernes. Salvador Perea, quien iba a ser promovido al puesto ubicado con la clave operativa J3, y Raúl Gómez Mireles, policía investigador. Reacción. Ante ello, sus familiares se manifestaron afuera de la dependencia. “Se están lavando las manos. Ellos reciben la orden de mandos, desde arriba, y ahora resulta que nadie mandó a nadie. No son de la delincuencia organizada; actúan por órdenes del fiscal”, dijo Patricia Nazari, esposa de Gómez Mireles.Historial. “Ellos (el fiscal y el gobernador) dieron la orden. Mi esposo no puede trabajar sin una orden; es ilógico que él las dé porque apenas firmaría su nombramiento”, agregó Cinthia Hernández, esposa de Salvador Perea, quien tiene 15 años trabajando en tareas de seguridad para el Estado.Cargos. Según el abogado de los elementos, Arturo Díaz, los cargos que les podrían imputar serían robo (por los celulares que ya no les regresaron a los jóvenes), abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.Diálogo. Las familiares indicaron que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) entabló comunicación con ellos, aunque aún esperan que los liberen, como a los jóvenes detenidos el jueves, por orden del gobernador.Luego de las detenciones ilegales registradas el viernes por elementos de la Fiscalía estatal antes de la segunda manifestación para pedir justicia por Giovanni, Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), informó que al menos 12 personas eran estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG).Pidió que se les dé certeza de las garantías individuales de los detenidos porque, señaló, cuando éstos volvieron por sus pertenencias e identificaron a uno de los agresores, el personal fue agresivo.“Cualquier cosa, molestia o que le toquen un pelo a un estudiante de la comunidad universitaria, después de lo que pasó, nos van a tener a todos de frente en la Fiscalía. No sólo uno. No tenemos por qué tolerar estas acciones de la autoridad”, concluyó.
