De los 125 municipios de Jalisco, en 74 el índice de eficiencia de los institutos de atención a la mujer está entre 0% y 40 por ciento.De acuerdo con el “Informe especial sobre políticas públicas municipales para la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado de Jalisco”, que dio a conocer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), estas instancias no tienen trabajadores administrativos que faciliten su funcionamiento y carecen de personal especializado que brinde atención jurídica, psicológica y de trabajo social a las usuarias.El organismo acentuó que en 50 administraciones no cuentan con un documento oficial o acta de creación aprobada por el cabildo y no están concretados como organismos públicos descentralizados, lo que les daría mayor autonomía en su operación.También añadió que en 11 ni siquiera disponen de una línea de teléfono que facilite la comunicación directa con las mujeres.Sin embargo, los problemas no sólo están en estos sitios. El documento reveló que a 34 municipios les falta un programa para difundir y ejercer una política de igualdad eficiente, un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en su territorio y un reglamento para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.Durante la presentación del estudio, que se llevó a cabo en las instalaciones de la CEDHJ, la presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM), Érika Loyo, afirmó que las titulares de los institutos municipales de la mujer no pueden lograr avances sin un compromiso determinado de los presidentes municipales.La funcionaria resaltó que no hay un solo alcalde jalisciense que haya tomado la dirección de los sistemas municipales de prevención.Agregó que los problemas en estos espacios han provocado que sus cabezas vaguen por las dependencias del Gobierno del Estado para pedir una computadora o que algunas mujeres inviertan sus recursos en trasladarse para solicitar el apoyo del IJM.“Este es un asunto que impacta en la vida cotidiana. Al no tener un espacio de atención, la mandan al Estado e implica un costo”.El titular de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, manifestó que espera que el informe funja como herramienta para la supervisión y evaluación de los institutos municipales de las mujeres y que garantice un impulso a la consolidación de mecanismos de protección.El ombudsman indicó que hay administraciones que acceden a recursos del Instituto Nacional de las Mujeres de forma regular y en algunos casos se desconoce en qué se invierten: “No terminan de reflejarse en la infraestructura que nosotros fuimos a evaluar”, dijo.De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), 50 de los 74 institutos municipales de las mujeres cuyo índice de eficiencia está entre 0% y 40% no tienen trabajadores administrativos que faciliten su funcionamiento y tampoco cuentan con personal especializado que brinde atención jurídica, psicológica y de trabajo social a las usuarias.Ante esta situación, la presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM), Érika Loyo, manifestó que las fallas que presentan estos institutos ponen en riesgo la seguridad de las mujeres pues en muchos casos ni siquiera se cuenta con trabajadores sociales, quienes serían el primer contacto con las mujeres y quienes estarían capacitados para medir dichos riesgos.“Imagínate si no tienen trabajador o trabajadora social, esto no tienen ningún sentido porque entonces no pueden saber si está en un riesgo de seguridad, o de vida o de qué tipo de riesgo”, manifestó la titular.Para Loyo, una parte fundamental que deben de cumplir los municipios a partir de la emisión del “Informe especial sobre políticas públicas municipales para la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado de Jalisco”, es dotar a las institutos de las mujeres con los recursos mínimos necesario para operar, en función de los riesgos de vulnerabilidad y amenaza a los que se enfrentan, entre los que se encuentran un espacio adecuado para operar y un equipo multidisciplinario integrado trabajadoras sociales y equipo jurídico y psicológico.Dijo además que es necesario reforzar los mecanismos de difusión de órdenes de protección para que las mujeres puedan acceder a ellas, pues hay algunos municipios donde la emisión de órdenes de protección es nula, a pesar de tener registros de violencia contra las mujeres.Por su parte, el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, manifestó que este informe servirá como una herramienta para determinar responsabilidades por omisiones en la garantía de los derechos humanos de las mujeres en caso de que los municipios no den respuesta a los señalamientos marcados en el documento y de establecerse alguna responsabilidad, deberá de responder con la reparación del daño correspondiente.“Estaremos evaluando lo que cada municipio esté realizando, cruzándolo con otro tipo de información, como la cantidad de agresiones, los feminicidios, con indicadores de diferentes instancias que nos permitan determinar si hay responsabilidades”, agregó el ombudsman.Guadalupe Ramos (coordinadora del Cladem)La emisión del “Informe especial sobre políticas públicas municipales para la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado de Jalisco” por parte de la CEDHJ evidencia las fallas que hasta ahora devenían de los institutos municipales para las mujeres, aseguró la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem) en Jalisco, Guadalupe Ramos. Explicó que no se están cumpliendo las funciones específicas para las que fueron creados.La especialista manifestó que hasta ahora se había olvidado la razón fundamental de su creación, la cual corresponde a la emisión de políticas públicas transversales para eliminar las discriminaciones y disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres, y por el contrario se privilegió una imagen de apoyo asistencialista y de protección, así como de atención a mujeres violentadas.“Esa es la gran deuda pendiente de los institutos de las mujeres. No hay una sola política pública de prevención de las violencias, pero tampoco políticas públicas que tiendan a la disminución de las desigualdades”, expresó la especialista.Ramos señaló que uno de los principales retos es que estos institutos puedan ser dotados con los recursos fundamentales para su operación, motivando a que se elimine el doble discurso de empoderamiento y establecimiento de estereotipos.
