Tres semanas después de que agentes de la Fiscalía arrestaron ilegalmente a manifestantes que se acercaban a las instalaciones de la Calle 14 para pedir justicia por la muerte de Giovanni López a manos de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, la dependencia estatal suspendió a 14 que están presuntamente ligados a esos hechos. A través de un comunicado, indicó que se realiza una investigación interna para determinar cuál fue su participación y las sanciones correspondientes, que son independientes a los procesos penales que se llevan a cabo. El 5 de junio se documentaron 27 detenciones arbitrarias. La Universidad de Guadalajara (UdeG) confirmó que 10 fueron en contra de sus estudiantes. Indicó que los responsables fueron personas sin uniforme, armadas con palos y que se identificaron como oficiales de la corporación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) señaló que los policías subieron a los jóvenes en vehículos particulares, algunos sin placas, y los llevaron a lugares alejados. Ese día, el gobernador aceptó los abusos. Afirmó que un grupo lo desobedeció y “actuó de una manera irresponsable y brutal”. Ayer, tres víctimas acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir que el Gobierno federal las proteja y exigieron que el Estado saque por completo las manos de las indagatorias.Víctimas de las detenciones arbitrarias del 5 de junio informaron que la reparación del daño que les causaron los policías investigadores que los detuvieron ilegalmente, cuando acudían a manifestarse por el homicidio de Giovanni López a manos de agentes municipales, ya comenzó a ser entregada.Uno de los jóvenes, quien no reveló su nombre por seguridad, detalló que ya han recibido, en cheques, algunos pagos para reponer las bicicletas, celulares y efectivo que los elementos les quitaron cuando los detuvieron. Precisó que si bien se sabía en dónde se hallaban sus pertenencias, el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra, pidió que mejor les fueran pagadas para que compraran unas nuevas.Otros afectados recibieron atención médica y algunos fueron canalizados a instituciones de salud para que atendieran el impacto psicológico que les trajeron esos hechos.“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos ha estado acompañando. La verdad es que sí nos han atendido muy bien; en todo momento han sido muy humanos y sensibles. No nos han abandonado. Pero sabemos que algunos de los compañeros todavía están en proceso de que les paguen”.Una víctima dijo que la Fiscalía Anticorrupción les dio el número de las comisarías municipales para que, en caso de sentirse en peligro, llamaran y pidieran apoyo. Sin embargo, sostuvo que, al haber sido víctimas de las autoridades locales, no confían ya en ninguna de las policías de la Entidad.Los jóvenes que acudieron a solicitar al Gobierno federal que los proteja, tras haber sido detenidos arbitrariamente por personal de la Policía Investigadora el 5 de junio, acusaron que a casi cuatro semanas de lo sucedido todavía son blanco de acoso e intimidaciones.Aseguraron que reciben “visitas” en sus casas y llamadas a sus teléfonos personales. Aunque ellos responden, quienes se comunican no les dicen nada más que sus nombres, lo que los atemoriza y hace sentir vulnerables.“Recibí dos llamadas donde me daban mi nombre y automáticamente colgaban”, dijo una de las jóvenes que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a pedir que la Federación atraiga las investigaciones por desaparición forzada.Las víctimas describieron la situación como “de terror y preocupación” porque no saben qué va a pasar, pues quienes los arrestaron tuvieron acceso a su información personal a través de los teléfonos, incluyendo sus domicilios y contactos cercanos.
