La Unidad de Investigación contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado existió sólo en el papel, pues, aunque está contemplada como parte de la dependencia, en los cinco años que tiene de creada la Fiscalía, esta dirección no operó.En respuesta a una solicitud de información, la dependencia reportó que “si bien es cierto que la Ley orgánica de la Fiscalía General contempla la Dirección de una Unidad de Investigación contra la Corrupción, a la fecha de la solicitud no se encuentra operando”.A pesar de esto, en una revisión a los decretos del presupuesto estatal se documentó que en 2015 se consideró el sueldo del director de la unidad con una percepción de 56 mil 094 pesos. Mientras que en 2016 y 2017 se incluyó en el proyecto de gasto una partida de 30 millones de pesos para la implementación del Sistema Anticorrupción.Mediante una solicitud de información a la Fiscalía se requirió información sobre el personal asignado a la Unidad de Investigación contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, el número de denuncias atendidas y el presupuesto asignado, sin embargo, se comprobó que la unidad no se encuentra en operación.Esta dirección cobró relevancia ya que, de acuerdo con las reformas aprobadas para crear el Sistema Anticorrupción del Estado, todos los recursos humanos, materiales y financieros de la Unidad de Investigación, debían ser transferidos a la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Lo mismo sucedería con el personal operativo y administrativo adscrito.Luego de asumir el cargo, Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal anticorrupción estatal, refirió que como estructura básica para iniciar funciones requeriría al menos el doble de las plazas que tiene autorizadas. Explicó que las seis plazas y los 20 millones de pesos que le asignaron no cubren sus requerimientos básicos.En enero pasado, antes de que estuviera nombrado el zar anticorrupción, el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, afirmó que apoyarían a la nueva dependencia para, por ejemplo, cederle instalaciones donde operar, ofreció trabajar en colaboración e incluso abrió la posibilidad de traspasar algunas plazas.El arranque de las nuevas áreas encargadas del combate a la corrupción no es tarea sencilla, pues deben enfrentar la renuencia de diferentes sectores de la estructura gubernamental y la falta de recursos, afirmó Ernesto Canales Santos, subprocurador anticorrupción de Nuevo León. Detalló que en los casi 18 meses de operación han atendido alrededor de 300 denuncias de presuntos actos de corrupción, de las cuales ninguna ha concluido y sólo en 40 siguen los procesos penales.El funcionario atribuye la falta de sentencias a que se presentan denuncias que no están bien estructuradas y no dan pauta para iniciar una investigación. Además de que los procesos enfrentan apelaciones, amparos y la lentitud de los tiempos para fijar las audiencias.“Los procesos así son, para iniciar las audiencias se fijan a los tres o cuatro meses, lo cual ya en sí atenta contra el principio de justicia pronta y expedita. Luego los amparos, el amparo contra actos procesales se otorga como quien da un vaso de agua, hay que atenderlos y ganarlos. Todo eso viene a entorpecer el desarrollo del proceso”, expuso.Cuestionado sobre la propuesta para que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco arranque con tres ministerios públicos y nueve policías investigadores, el subprocurador comentó que es una estructura mínima que luce insuficiente para que la nueva área comience a operar; explicó que en el caso de Nuevo León arrancaron con 15 agencias de ministerio público, con personal que se reubicó de la Procuraduría estatal, y sobre la marcha han contratado otros 15 agentes especializados en el nuevo sistema de justicia oral.Canales Santos añadió que las claves para que el modelo funcione es contar con un grupo de agentes del Ministerio Público capaces para la investigación, realizar trabajo de inteligencia alrededor de los casos de corrupción y promover la cultura de la denuncia para que las dependencias de Gobierno alerten sobre posibles actos de corrupción e identificar conductas de riesgo.“Es muy poco, nosotros iniciamos con un número mayor de ministerios públicos, 15. Al arranque hay que ir a provocar las denuncias porque como no hay la costumbre, las dependencias en muchos casos no lo consideraban parte de su tarea”, explicó.En abril próximo en Nuevo León se creará la Fiscalía Anticorrupción, están en proceso de selección del titular, la estructura de la subprocuraduría pasará formar parte de la nueva Fiscalía, el actual subprocurador tendrá un año para dar seguimiento a los temas en proceso.
