Ante las omisiones por parte de autoridades municipales y estatales respecto del caso de la menor de 10 años víctima de abuso sexual por parte de un funcionario de Puerto Vallarta, distintas activistas feministas de este municipio y de otros sitios de Jalisco decidieron indagar más allá para conocer si dicho servidor público tiene antecedentes respecto de estos delitos.Las colectivas informaron que buscarán identificar si existen más víctimas (niñas, niños, mujeres y/o funcionarias) de Luis Alonso "N", el director de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta, quien fue descubierto atentando contra el pudor de una menor a bordo de su vehículo el pasado mes de julio.La coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) en Vallarta, Sandra Quiñones, explicó que una de las primeras acciones será el solicitar al ayuntamiento los antecedentes de Luis Alonso "N" como funcionario, incluyendo los exámenes psicológicos aplicados y de conducta, además de que se buscará conocer la zona que frecuentaba y si tenía cómplices que lo ayudaran o lo encubrieran."Lo que pedimos también en torno a toda esta situación es que se respete el debido proceso, porque cuando este se violenta y no se escucha o vence en un procedimiento, se comenten violaciones a los derechos humanos y lo que ocurre es que luego se pierda el acceso a la justicia, porque a veces por dar anuncios mediáticos para decir que se está haciendo algo, se violentan estos derecho y se convierten en anuncios que no tienen repercusiones mayores", dijo por su parte la coordinadora de Cladem en Jalisco, Guadalupe Ramos, respecto del anuncio en el cual se informó que fueron congeladas las cuentas Jorge Luis Solís, juez que llevaba el caso y quien decidió no vincular a proceso a Luis Alonso "N".Además, las feministas lamentaron que pese al incremento de la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres, los presupuestos para atender la problemática y apuntar por la igualdad de género se hayan visto disminuidos en el anexo transversal para la igualdad de género en Jalisco a través del Decreto 27912/LXII/20, ante lo cual, pidieron que este sea reincorporado a la brevedad posible. La disminución, apuntaron asciende a 29.8 millones de pesos.Entre las exigencias hechas, las colectivas pidieron a que se realicen los cambios necesarios en el ayuntamiento de Puerto Vallarta, en su comisaría y en la Fiscalía Regional, permitan atacar de fondo la violencia estructural y sistemática que se vive en esa zona "y que se encuentra perfectamente documentada en las Alertas que la propia Secretaría está obligada a darle seguimiento".También pidieron que se capacite a los Ministerios Públicos y los jueces que atienden los casos de violencia contra los menores y contra las mujeres, para que puedan atender los casos con el conocimiento pleno del problema y con perspectiva de género."No hay especialistas en abuso sexual infantil y además no hay las técnicas y los instrumentos para la evaluación de las víctimas que sufren estos daños. Cabe mencionar nuestra petición y exigencia de la formación, capacitación y además especialización de personal adscritos, no solo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sino también a los acompañantes de las víctimas desde el sistema municipal y trabajadoras sociales que están dentro de la Delegación Costa y del Centro de Justicia para las Mujeres que está aquí (en Puerto Vallarta)", dijo Claudia Rangel, directora del colectivo de Puerto Vallarta "Cuerpaliztli".Otro de los puntos solicitados es que se lleven a cabo campañas de prevención, atención y erradicación de las violencias contra mujeres y niñas, especialmente las violencias sexuales, así como de los derechos sexuales y reproductivos y muy en el caso específico de la menor de 10 violentada por el funcionario de Puerto Vallarta, que se designe un Ministerio Público con perspectiva de género para que lleve el mando y conducción de las indagatorias de la Carpeta de Investigación.
