Durante sus últimos meses, Feliciano Chávez vomitaba más de lo que ingería. Su dieta habitual consistía en vasos de salsa embotellada y grasa que “recolectaba de sus compañeros”. Así obtenía la energía para, al menos, ponerse de pie y caminar.El interno, quien tenía 67 años, vivió su última década privado de la libertad en Ciudad Guzmán. Fue arrestado en junio de 2005; lo acusaron por asesinato.Durante su encierro, Feliciano siempre vivió con incertidumbre, pues fue el 12 de noviembre de 2017 cuando el extinto Juzgado Segundo de lo Penal del Décimocuarto Partido Judicial en el Estado le notificó su sentencia: 42 años en la cárcel.Más de una década después de ser arrestado el juez concluyó que él fue responsable por la muerte de Francisco Vargas y la tentativa de homicidio en contra de la hermana de éste. Asumiendo que abandonara cualquier mal hábito, comenzara a ejercitarse y aumentara su expectativa de vida, Feliciano saldría de prisión tras cumplir 109 años de vida. Imposible.Por eso, y por el abandono de su familia, fue él mismo quien aceleró su fin. Un mes después de escuchar que le restaban cuatro décadas en esa cárcel, el sistema carcelario del Estado detectó su enfermedad: depresión. “Fue una sentencia muy fuerte, (que tuvo) un impacto psicológico que le trajo un cuadro depresivo muy intenso”, reconoce el fiscal de Reinserción Social, Carlos Antonio Zamudio.Feliciano sufrió diarrea, dolor en abdomen y cabeza, vómitos, fiebre y fuertes escalofríos que lo secaron. A pesar de los multivitamínicos, antidepresivos y terapias en el área de Psiquiatría, fue el olvido el que lo agotó. “Se pide en Trabajo Social que informe a los familiares para que lo visiten y nos ayuden a hacer conciencia en él, ya que tiene mucho tiempo sin recibir visitas”, dice la ficha 1869/2018 en la que consta su caso.Ruth Araceli García Brambila, la encargada de Inspección del Centro Integral de Justicia Regional Sur-Sureste, informó a sus superiores que, paulatinamente, Feliciano dejó de comer. Incluso, según la Fiscalía de Reinserción Social, se le llevó en cuatro ocasiones al área de Enfermería para alimentarlo por vía intravenosa para evitar que se deshidratara.“No recibía una visita regular de su familia, su comportamiento era aislado. A veces hurgaba entre la basura y comía de ella. Eso afectó su salud. Por parte del Centro se insistió a su familia sobre la necesidad de que estuvieran acompañándolo en ese proceso”, dice Carlos Zamudio.Feliciano murió el 5 de enero de 2018, justo durante una visita que le hizo su hermano, a quien saludó y con quien platicó unos momentos hasta que se desvaneció para ya no despertar. Las autoridades carcelarias asentaron su causa de muerte: “infarto agudo al miocardio y desnutrición severa”.Desde que inició la década, 233 personas han fallecido en el interior de los centros de reinserción social en el Estado, lo que se traduce en un promedio de 29 muertes por año, o bien, cinco cada dos meses. La mayoría de estos casos ocurren por enfermedad, según la Fiscalía del Estado.Feliciano Chávez, por ejemplo, comparte estadística con otros dos internos que, en 2013 y 2014, murieron por desnutrición. Aunque a ellos dos los venció, además, un cuadro agudo de tuberculosis.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo, pero 95% de los decesos asociados a esta enfermedad ocurren en países de ingresos “bajos y medianos”.Así, sólo entre 2011 y 2017 las prisiones de Jalisco registran 17 muertes por ese padecimiento contagioso. De hecho, 73% de los decesos en las prisiones de Jalisco ocurrió por alguna enfermedad (172), lo que significa un promedio de tres por bimestre.“No tenemos una población penitenciaria enferma”, sostiene el responsable de los reclusorios del Estado, Carlos Zamudio. “Sí tenemos diferentes rangos de edad, diferentes padecimientos que se atienden, pero no te podría generalizar personas que están en un estado precario de salud. Al contrario: hay muchas personas que realizan actividades físicas”.Minutos antes, el propio Zamudio reconoció que la salud es uno de los “pilares fundamentales” para la reinserción social.Registro de fallecimientosQuejas por deficienciasEntre 1990 y 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 15 mil 102 quejas relacionadas con deficiencias en el sistema penitenciario del país. Esto equivale a prácticamente tres inconformidades reportadas cada 48 horas, durante 25 años.Quienes trabajan ahí ya están habituados. Eventualmente caminarán por los pasillos del Antiguo Hospital Civil y escucharán al convoy pasar. “¡Permiso! ¡Permiso! ¡Permiso!”. La escolta pedirá a los presentes que despejen el centro del pasillo mientras sus integrantes rodean a uno o varios individuos esposados. Todos vienen de prisión.El Hospital Civil y la Fiscalía del Estado tienen un acuerdo para prestar atención médica a las personas privadas de su libertad que requieren de un tratamiento especializado: ya sea por enfermedad o porque fueron víctimas de alguna agresión.Los operativos de traslado desde el centro penitenciario de Puente Grande hasta el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde son ostentosos. Tanto, que además de los guardias armados caminando por el edificio de las calles Hospital y Coronel Calderón, los médicos ocasionalmente observan a equipos tácticos montando su guardia en puntos estratégicos.“Viene hasta (los equipos de) máxima seguridad. Nos llama mucho la atención porque hasta ponen francotiradores en las azoteas. Ya hay un protocolo que manejan 100% ellos. Obviamente nosotros tenemos nuestro protocolo con pacientes muy peligrosos o que son muy delicados: los manejamos con un mínimo de personal”, dice el doctor Luis Bravo Cuéllar, jefe del Servicio de Cirugía Medicina Legal.El titular del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, detalla que son alrededor de ocho las consultas que, en promedio, presta el nosocomio a diario en la actualidad, a internos de las distintas prisiones del Estado. “Desde su creación, el hospital brinda atención a personas que han perdido la libertad”.El día estaba lluvioso y las autoridades del Centro Preventivo de Puente Grande le permitieron a Domingo que recibiera a sus cuatro visitantes en un dormitorio cerrado. Allí los asesinó a todos.Con una punta que él mismo hizo a partir de un trozo de alambre, el expolicía de Zapotlanejo atacó a Érika, a la hija de ésta, de 14 años, y a sus dos pequeños, de tres y un año. Luego se hirió a sí mismo.Sucedió el 15 de marzo de 2015, año en el que la Fiscalía de Reinserción Social contabilizó seis asesinatos en las prisiones del Estado.Ese fue el periodo de esta década con más homicidios contabilizados al interior de las prisiones estatales, aunque también se registraron dos casos en los que “no se cuenta con registro” de la causa de muerte, según la Fiscalía estatal.Durante 2017, un interno más falleció asfixiado, aunque su caso no fue contabilizado como homicidio ni como suicidio. Un año atrás, otro murió politraumatizado. Lo mismo: ni homicidio ni suicidio.Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG, considera que el problema estriba en que las prisiones del Estado siempre han funcionado como centros de retención, y la meta de reinserción social se quedó sólo en el nombre.“Estamos lejos de otorgarles nuevas oportunidades de vida, de reinsertarlos. Por el contrario, regularmente sólo se les está dando otro tipo de habilidades para delinquir”.LA VOZ DEL EXPERTOFrancisco Jiménez Reynoso (académico de la UdeG)La estrategia de mayor éxito a escala global para reducir problema “graves” en prisión, como las muertes por problemas de salud, es más fácil de lo que se piensa: eliminarlas.El académico afirma que, a nivel mundial, el modelo de prisiones fracasó. “Lo que han hecho en otros lados es lo que se espera de un Gobierno: generar condiciones idóneas para el desarrollo como sueldos, estudio, trabajo. No hay necesidad de delinquir; todos juegan un rol importante”.Reconoce que en México aplicar esa estrategia en lo inmediato es imposible, pues dadas las condiciones sociales, económicas, educativas y de seguridad será más bien una estrategia a implementar para el largo plazo. Por lo pronto, el combate a la impunidad y la aplicación del estado de derecho son pieza clave para, eventualmente, lograrlo.“Hoy los delincuentes saben que hay una posibilidad mínima de que los procesen si son detenidos. Para cambiar la lógica, deben tener castigos ejemplares y aplicar la ley. ¿El nuevo Gobierno estatal puede? Sí, puede. Y la clave está en los perfiles que seleccione”.Obligación del EstadoLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló en 2015 que todo el sistema penitenciario en México tenía un déficit de recursos humanos. Pese a ello, enfatizó que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la protección de la salud de los internos, y que ni la falta de presupuesto ni la de personal puede “eximirles del cumplimiento de esa responsabilidad”.
