Los casi siete millones de pesos que se han “rasurado” a los pasajeros del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) al no regresarles 50 centavos cuando pagan con 10 pesos la tarifa de 9.50, configuran un delito que debe perseguir no sólo la Fiscalía estatal, sino la federal: crimen organizado.El especialista en Derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Marco Antonio González Mora, explica que ese excedente es un “robo sistematizado” que también debe encender alertas por lavado de dinero en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.Ricardo Salazar, periodista de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, ha reportado que los 50 centavos que no devuelve ni el Tren Ligero ni el Macrobús han acumulado una cifra millonaria que se deposita en fideicomisos privados.Según Marco Antonio González, también hay una omisión del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Contraloría, pues ninguna instancia ha hecho algo al respecto. “Y como se trata de un acto de abuso de autoridad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe realizar también su propia indagatoria y emitir una recomendación”.Vía Transparencia, Salazar pidió conocer quién abre las alcancías en las rutas-empresa, a cuánto asciende el excedente y si éste es para el chofer o el dueño de la unidad. La solicitud fue turnada a la Secretaría de Transporte, que respondió que ese dato “se desconoce”. Desde el 15 de enero, el Instituto de Transparencia estatal (Itei) resolvió que, al tener una concesión pública, las rutas-empresa también son sujetos obligados y su información financiera debe conocerse.
