El gobernador Enrique Alfaro descartó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se encuentre en crisis por la acumulación de cuerpos de personas sin identificar.El martes, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández, aseguró que, con 400 cadáveres almacenados actualmente, la dependencia podría enfrentar un escenario similar al que tuvo el año pasado, cuando se descubrió que optó por depositar restos humanos en cajas frigoríficas de tráileres.“El coordinador de Gabinete tiene un corte actualizado semanalmente. No tenemos un problema, sí una presión fuerte que nos debe llevar a resolver a fondo la problemática de Ciencias Forenses. En este momento no estamos en riesgo de una crisis, ni mucho menos (como) la que se vivió en el sexenio anterior”.El mandatario estatal anticipó que responderán a la recomendación 10/2019, sobre los cuerpos que fueron trasladados por la metrópoli en septiembre de 2018.“En mi historial de trabajo en gobiernos todas las recomendaciones que han emitido las hemos acatado, sean del tipo que sean, pero primero tengo que leerla con calma”, dijo.Ante esta situación, la presidenta del colectivo “Por Amor a Ellxs”, Esperanza Chávez, comentó que descree que la medida emitida por la CEDHJ genere algún beneficio para las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.Esperanza Chávez, presidenta del colectivo “Por Amor a Ellxs”, conformado por familiares de personas desaparecidas, afirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) no tomó en cuenta a este grupo en la investigación que la llevó a presentar la recomendación 10/2019, en la que señaló irregularidades en el resguardo de cuerpos sin identificar por parte de las autoridades.“Nada más me hablaron el lunes. Querían darme los datos de lo que habían investigado. Y como ni nos acompañan (y) nunca han hecho caso a nuestras quejas, les di las gracias. Nosotros tenemos nuestra investigación y no estamos de acuerdo con lo que se presentó ayer”, dijo.Chávez cuestionó que la medida de la CEDHJ pueda generar algún beneficio para identificar a los fallecidos, pues ya han comprobado que estos procedimientos no tienen los efectos esperados. “Con nosotros nunca han estado presentes”.El martes pasado, durante la presentación de la recomendación, frente a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Isabel Velarde, integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), exigió una respuesta efectiva por parte de las autoridades.“Lo que se vive en una casa con un desaparecido es indescriptible, no hay palabras. Pedimos ayuda, una ayuda desesperada para que los busquen”.Lamentó que el Gobierno del Estado tomara mayor importancia al grafiti en las paredes de Casa Jalisco que a sus demandas.“Sí fue reprobada la violencia, ¿y la negligencia que recibimos de las autoridades, quién la reprueba? ¿La omisión, quién la reprueba? Ante ese monstruo que es el Gobierno, ¿quién puede? ¿Quién dice: ‘Ah, tú no hiciste las cosas’?, nadie, nos callamos, pero no manifestemos enojo y desesperación porque van contra nosotros hasta legalmente”.LA VOZ DEL EXPERTOJacobo Dayán (experto en derechos humanos)El miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México acentuó que la recomendación 10/2019, emitida el martes por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) repite la misma fórmula de señalar el contexto actual de personas desaparecidas y sin identificar, y no generará un impacto en el problema de fondo.“Se siguen atorando en cosas muy elementales: recomiendan girar instrucciones a fulano, a dependencia mengana, o piden repartir cursos, como si girando instrucciones se resolvieran las cosas”.El especialista destacó que lo que hace falta es comprender que el fenómeno es un problema que ha rebasado a las instituciones ordinarias.“México requiere —y lo han dicho colectivos de víctimas— un mecanismo extraordinario forense para asumir la crisis que tiene el país. Las instituciones ordinarias no podrán dar solución a esto”.Indicó que parte del problema de personas desaparecidas y sin identificar se debe a que las entidades no cruzan información sobre los hallazgos.“En los frigoríficos de Jalisco probablemente muchos de los cuerpos eran de Nayarit o de Michoacán o quién sabe, y mientras no exista una base de datos nacional, cargarle la identificación a los estados resulta hasta ingenuo porque lo que tenemos identificado en el país es que no necesariamente los cuerpos se hallan donde se hizo la denuncia de la desaparición”, agregó Dayán. FORO NACIONALDurante la inauguración del foro “Pensar la desaparición de personas en México”, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga, afirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) becará a las personas que estudien el tema de desaparecidos en México.Agregó que junto con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se trabajará en la generación de un estándar de rastreo y una revista en la que darán a conocer los casos exitosos en esta materia.En el evento estuvo Karla Irasema Quintana Osuna, titular de la CNB, quien aseguró que la cifra de desaparecidos, que es de 40 mil, no está actualizada y acentuó que ese número sólo se refleja “en las dictaduras y los conflictos armados”.TELÓN DE FONDOEl pasado 26 de septiembre, este medio de comunicación publicó que, del 1 de enero al 11 de agosto de 2018, 280 cuerpos sin identificar llegaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF): uno al día.De ellos, 263 fueron de hombres, 16 de mujeres y hubo una persona cuyo sexo no pudo ser determinado.En ese entonces se resaltó que fue el indicador más alto desde 2010, según la Dirección del Servicio Médico Forense. En 2017 hubo 270.Además, si bien la mayoría llegó procedente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), hubo otros que ingresaron desde Ixtlahuacán de los Membrillos, Acatlán de Juárez, Ameca, Tequila, Chapala, Tepatitlán y Jocotepec.El 19 de septiembre se destacó que de los 444 cadáveres que, según se reportó, estaban bajo resguardo del IJCF, sólo 60 contaban con registros como fotos, huellas dactilares y perfil genético para facilitar su identificación.De esos cuerpos, 322 fueron colocados en dos contenedores de tráiler. Uno de ellos “paseó” por tres municipios mientras llevaba 273 en su interior.Tras la revelación de este hecho, fueron cesados el entonces titular del IJCF, Luis Octavio Cotero, y Raúl Sánchez, quien encabezaba la Fiscalía General del Estado.
