La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió este lunes la recomendación 1/2020, a partir del homicidio por razones de género ocurrido el 15 de marzo de 2018, en la colonia San Rafael, en Guadalajara.Los hechos ocurrieron la mañana de ese viernes, en el cruce de Medrano y la avenida Manuel M. Ponce. En el lugar un hombre discutía con su mujer, al parecer por la custodia de sus hijas. La pelea subió de tono y el hombre llevó a la mujer detrás de un puesto de lotería, donde comenzó a golpearla.Pese a que varios vecinos y locatarios trataron de ayudar a la mujer, el hombre sacó un arma, amenazó a los testigos y luego le disparó a la mujer, para después dispararse a sí mismo. El agresor falleció en un puesto de socorros.De acuerdo con la CEDHJ, a partir de las notas periodísticas abrió un acata de investigación oficiosa, y a las pocas semanas la madre de la mujer acudió al organismo para interponer una queja contra la entonces Fiscalía Central, el Centro de Justicia para la Mujer y el Instituto de la Mujer.Lo anterior, debido a que, aseguró, la mujer ya había denunciado, en 2015, los maltratos que sufría por parte de su ex pareja. “Su hija denunció las vejaciones que sufría a manos de su pareja sin que la autoridad tomara medidas para evitar las agresiones. Añadió que existía, luego de una denuncia, una supuesta orden de protección. Expuso que la deficiencia en el actuar de las autoridades desencadenaron los hechos trágicos ya descritos”, relató el documento emitido por el organismo.La CEDHJ aseguró que tras las investigaciones se comprobó dilación y negligencias en la integración de la carpeta de investigación, y nulos avances en la averiguación previa, así como irregularidades y omisiones en el cumplimiento de la medida de protección emitida a favor de la víctima, “la omisión de la valoración y dimensión del riesgo y peligro que corría, derivada de la violencia intrafamiliar a la que era sometida por su esposo”, lo cual propició el homicidio de la mujer por asuntos de género.De acuerdo entonces con el organismo, se demostró que las autoridades del Gobierno de Jalisco no cuentan con los recursos y herramientas suficientes para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y, en consecuencia, al acceso a la justicia, ocasionando violencia institucional.“Derivado de lo anterior, las autoridades del gobierno del estado, de forma general, al igual que las y los servidores públicos, violaron los derechos humanos a la vida y a una vida libre de violencia por su obligación de garantía; a la integridad y seguridad personal; a la igualdad y no discriminación; al acceso a la justicia, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, y a la legalidad y seguridad jurídica”, dijo la CEDHJ.Por este motivo el organismo solicitó al secretario general del Gobierno del Estado de Jalisco que se realice la reparación integral del daño y se indemnice a las víctimas indirectas de este homicidio, que se ofrezca una disculpa a familiares de la víctima, y se concluya el memorial para todas las víctimas de feminicidio, del cual fue admitida su realización en la aceptación de la recomendación 5/2019.También solicitó que se gestione lo necesario para que, en todas las regiones de Jalisco, se cuente con casas de resguardo y protección para mujeres víctimas de violencia, mientras que al fiscal estatal se le solicitó integrar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado involucrados en las omisiones del caso.En lo general, la CEDHJ solicitó que se ponga en marcha un sistema o programa electrónico con su base de datos en el que las y los agentes del Ministerio Público actualicen continuamente los avances y seguimiento de las órdenes de protección en las carpetas de investigación correspondientes y que implemente un programa de profesionalización permanente a elementos y personal de atención primaria a mujeres en situación de violencia, en los temas que permitan hacer efectivo su cuidado y protección integral.Entre el resto de los puntos pidió también se genere la construcción del plan de seguridad y emergencia, que no sólo esté basado en entregar a las usuarias un folleto con medidas preestablecidas de precaución o prevención ante las cuales deben poder actuar, en concordancia con el Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México e instalar una base única con las unidades especializadas de las agencias ministeriales, comisarías y entidades de salud pública sobre órdenes y medidas de protección.LS
