La reforma para extinguir los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Social atenta contra toda la estructura de combate a la corrupción consideró, Cecilia Díaz Romo, integrante del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (Seajal).La activista sostuvo que la medida es contradictoria, pues si los legisladores buscan la autonomía del Comité, al dejarlos sin ingresos comprometen su independencia ya que quienes lo conforman tendrían que buscar un medio de sustento y combinarlo con su labor de tiempo completo en el organismo.“Están usando esta medida para acabar con un espacio ciudadano y eso es lo que nos preocupa, porque independientemente de quienes estén ahora ocupando esas cinco posiciones el Comité de Participación Social es un logro ciudadano que está para ayudar a que el sistema logre poco a poco la prevención de la corrupción, que no se va a acabar. La medida es un pretexto, si pasa es sólo para obstruir el avance del sistema”, dijo.En su más reciente evaluación, el Observatorio advirtió retrocesos en el Seajal por la falta de sanciones y de un equipo operativo que agilice la coordinación entre las instancias que lo integran. Pidieron que el Comité de Participación Social haga un esfuerzo mayor en generar unión, primero entre sus mismos integrantes, para luego abocarse a facilitar el diálogo entre cada una de las instancias públicas del Sistema.Sobre la posibilidad de que este viernes se aprueben por la vía rápida un paquete de reformas al Sistema Anticorrupción, la representante del Observatorio dijo desconocer el dictamen pues no han sido consultados al respecto. Planteó que prefieren que haya una discusión detallada de las reformas en lugar de avalar temas al vapor que pudieran ser regresivos.La llamada Reforma Anticorrupción 2.0 contemplaba desarrollar un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales vía blockchain, testigo social o la declaración jurada; impulsar la integridad empresarial; crear una Unidad de Análisis Financiero en la Fiscalía Anticorrupción; revisar la estructura operativa de diversas instancias del Sistema. También impulsar una ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera. Fue impulsada por Xavier Orendain de Obeso, ex presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), promotor del Pacto por la integridad y por el bien ser de Jalisco; quien ahora forma parte del gabinete estatal.Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.Para iOS: https://apple.co/35jaVgbPara Android: https://bit.ly/3gwVSEVJM
