“Los resultados no se dan como quisiera la sociedad; no se dan ni siquiera como quisiéramos nosotros”, dice Gerardo de la Cruz Tovar, quien en 15 días cumple un año como fiscal anticorrupción de Jalisco.Sentado en el escritorio de su oficina, que se ubica en la colonia Jardines Alcalde, el funcionario afirma que es “simplista” medir el trabajo de la dependencia sólo por los cuatro casos que ha logrado consignar desde que llegó al puesto.Actualmente, la institución registra mil 500 carpetas de investigación para seis policías que trabajan en pareja. Se sumarán otros 11 elementos, pero el zar anticorrupción aún no sabe cuándo.Pese a ello, presume las tareas de prevención que han llevado a cabo en secundarias, unidades de servicios médicos municipales, el Poder Judicial, cámaras industriales y universidades. “La Fiscalía Anticorrupción no está atorada”, defiende.De la Cruz, quien comparecerá la semana próxima ante el Congreso del Estado para explicar los avances en sus planes de trabajo, comenta que la recuperación de los recursos que se han perdido por esta práctica se dará después.“Obviamente, mañana o pasado vamos a tener lo que va a representar que puedas recuperar alguna de las cantidades que se hayan perdido en el camino, pero cuando te hablo de mañana o pasado te hablo que deben tener muy presente que estamos en el primer año del Sistema Estatal Anticorrupción y es el año de creación. Estaríamos, en este segundo año, prácticamente consolidando el sistema”.El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, explica que “el gran truco” de los gobiernos estatales para evadir el combate a la corrupción es promover acciones preventivas que no funcionan. Aduce que se debe incluir investigación, sanción, recuperación y reparación del daño.“Siempre están anunciando medidas preventivas que no jalan. Tienen malos sistemas de detección de corrupción, muy pocas veces investigan, menos se sanciona y jamás se recuperan activos para volver a llenar las arcas de la nación”, concluye.De los siete millones 706 mil pesos que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ejerció durante el año pasado, más de la mitad se destinó al pago de rentas y salarios.Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, se indicó que, de esta cantidad, tres millones 062 mil pesos se gastaron en servicios legales, de contabilidad, auditoría, profesionales, científicos y técnicos integrales. Además, en el arrendamiento de edificios se invirtió un millón 392 mil pesos.Sin embargo, Gerardo de la Cruz Tovar, el titular de la dependencia, explicó que las partidas ubicadas como consultorías fueron etiquetadas por la Secretaría General de Gobierno (SGG) para pagar el sueldo de 20 personas, quienes estuvieron contratadas bajo el concepto de honorarios durante 2018. El funcionario agregó que ese año sólo contaron con plaza seis trabajadores: él, un agente del Ministerio Público, un secretario, un actuario, un chofer y una secretaria.Con respecto a la renta del inmueble, cuya elección estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), dijo que están incluidos los muebles y las instalaciones de voz y datos.En diciembre del año pasado, este medio de comunicación publicó que desde mediados de febrero, fecha en que De la Cruz Tovar tomó el cargo como zar anticorrupción en el Estado, sólo se ha logrado llevar ante un juez cuatro carpetas de investigación que señalan a 11 personas por abuso de autoridad.En ese entonces, el funcionario acentuó que sus labores arrancaron en mayo, mes en el que pudo contar con oficinas. Agregó que con estos procedimientos se detuvo a seis personas: dos de inspección de Mercados, dos supervisores de Obras Públicas, un elemento de Movilidad y otro de la Fiscalía. Sin embargo, el juzgador decretó que dos capturas fueron ilegales. Continúan los pendientesAlfonso Hernández, académico del ITESO, señaló que en materia anticorrupción, el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo enfocada en el inicio del sistema nacional y hasta ahí quedó. Destacó que durante su Gobierno se hicieron los cambios en la Constitución, las diversas leyes que había que reformar y se emitió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, no se nombró a los magistrados ni al fiscal anticorrupción, pendientes que heredó a Andrés Manuel López Obrador. “Y no nada más estoy pensando en (rezago) del Ejecutivo, sino también en el Legislativo”.No se sancionó adecuadamenteTras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, que colocó a México en el lugar 138 de 180 a nivel global, el director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que esta calificación se debe a que los grandes casos de corrupción durante el sexenio de Peña Nieto no fueron sancionados apropiadamente y a que las acciones impulsadas por los miembros de la sociedad civil para combatir el problema fueron resistidas por la clase política.“Han ido frenando cada una de las instituciones, no se dan los nombramientos, los procesos no son independientes”.El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado buenas señales en el combate a la corrupción, pues en lugar de decantarse por cazar una cabeza visible, aplicó medidas para desmantelar las redes de robo de combustible.Sin embargo, acentuó que en el Estado ese enfoque todavía no se ve. “¿Ves alguna red de corrupción que está desmantelando en Jalisco? A lo mejor están haciendo las investigaciones en secreto, pero hasta el momento no se ha visto con la nueva administración. Y debe de haber muchos espacios”.Bohórquez explicó que el gran truco de los gobiernos para evadir esta responsabilidad es promover acciones preventivas que no funcionan.“Dicen que van a lanzar una nueva plataforma para las denuncias ciudadanas, cuando el problema que estamos enfrentando es un problema de redes de corrupción que capturan el aparato público y que son protegidas por otras de protección política. Entonces imagínate para qué te sirve la plataforma de denuncia: para nada”.Agregó que para tener buenos resultados, a la prevención se debe añadir la detección, investigación, sanción, recuperación de activos y reparación del daño. Sin embargo, esto no ocurre en todas las entidades.“Si los gobiernos empiezan a desmantelar redes de corrupción y de protección política, es una buena señal. Si terminan viendo casos chiquitos o tratando de ver a una persona que es la cabeza visible de la red, hacen mucho ruido alrededor de una persona y alargan la historia, es que no van en serio”.LA VOZ DEL EXPERTOJorge Alatorre (académico de la UdeG)Para el extitular del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, si bien el informe de Transparencia Internacional calificó desfavorablemente a México, que tuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto “uno de los más corruptos de la historia”, la construcción institucional que se ha hecho a nivel nacional y estatal en los últimos dos años habla de un sistema en el cual se puede articular cada uno de los fenómenos de este problema desde su prevención, seguimiento y sanción.“A pesar de que efectivamente es preocupante que hayamos caído, el problema esencial que tenemos es generar esta construcción institucional que permite acabar con ellos y poder combatir eficazmente la impunidad”.Explicó que los “cuellos de botella” que se encuentran dentro de la lucha a la corrupción tienen que ver con la impunidad.“Los grandes casos de corrupción del sexenio anterior no han sido debidamente encauzados. No se siguieron las investigaciones, no se hicieron consignaciones y menos recuperación de activos”.Comentó que mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador habla de perdón y someter el acto de la justicia a una consulta, por otra parte la Secretaría de la Función Pública aplica medidas para retomar las investigaciones que existen y contribuir a la construcción de la Plataforma Digital Nacional que permita dar un seguimiento más puntual a todos los trámites y a todas las transacciones que ocurren, así como su impacto dentro de la evolución patrimonial de los servidores al utilizar herramientas de big data.TELÓN DE FONDONo sólo hay expedientes que involucran a inspectores de Mercados, Obras Públicas, Movilidad y Fiscalía en las cuatro carpetas que la Fiscalía Anticorrupción del Estado ha logrado llevar ante un juez desde que esa dependencia quedó conformada (el 16 de febrero de 2018). También hay tres alcaldes señalados.En diciembre pasado, este medio comunicó que el fiscal anticorrupción tenía 350 indagatorias en espera de ser derivadas a la Unidad Especializada en Delitos de Tortura, porque el señalamiento involucraba ese crimen y éste escapa de su área de competencia. La Fiscalía a su cargo, precisó entonces, se encarga de investigar delitos que causan daño al erario, peculado, abuso de autoridad y cohecho.En esa ocasión, Gerardo de la Cruz Tovar informó que había tres denuncias en contra de presidentes municipales, pero se reservó los nombres y sólo afirmó que no iba en contra de alcaldes reelectos y que, además, éstos se encuentran fuera de la metrópoli.También adelantó que había señalamientos en contra de miembros del gabinete del exgobernador, Aristóteles Sandoval, pero tampoco abundó en las identidades.El pasado 21 de enero, el pleno del Congreso del Estado avaló solicitar la comparecencia del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para revisar sus avances.La petición fue una propuesta de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) y se expuso que la información que comparta el fiscal también se usará para las evaluaciones de futuros aspirantes a magistrados.A finales de 2018, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado para enmendar los errores que comprometían la independencia de la Fiscalía Anticorrupción. Volvieron a incluir los artículos que especificaban que ésta tiene autonomía presupuestal, administrativa y de gestión.
