El cumplimiento del Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños avanza lento, consideraron activistas y pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. A un año del acuerdo que firmaron con el Gobierno Federal para retomar las obras de la presa El Zapotillo, sin inundar sus pueblos, señalaron que falta definir políticas, programas y presupuestos.Demandaron que el Gobierno de Jalisco entregue las propiedades que compró cuando pretendía desalojar a las comunidades, y, recordaron, que la administración estatal se había comprometido a entregarlas para realizar las obras comunitarias, pero ahora buscan que el Gobierno de la República se las pague, lo que podría retrasar los trabajos.“Como muestra de la corrupción que existe en este tema, en la última revisión que hicimos detectamos cuatro propiedades en Temacapulín que aparecen como vendidas y sus dueños nunca vendieron. Exigimos al gobernador que regrese las propiedades, el Estado y Guadalajara tendrán beneficio con el agua, como fruto de la lucha de los pueblos”, señaló Abigaíl Agredano Sánchez, presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, quien detalló que son alrededor de 70 predios en posesión estatal que deberían ser entregados.Gabriel Espinoza, vocero del Comité, informó que se retomaron las obras en la cortina de la presa y que ya conocen el proyecto ejecutivo de los trabajos para evitar la inundación y garantizar el desfogue del agua y la altura de la cortina a 40 metros. Solicitó les den la certeza legal de que los acuerdos mantendrán validez jurídica en las siguientes administraciones federales.Por su parte, María González, integrante del Instituto Mexicano Para El Desarrollo Comunitario (Imdec) añadió que las comunidades han recibido apoyos de las Secretarías de Bienestar; Agricultura; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de la de Cultura, y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).Advirtió que otras dependencias como las Secretarías de Salud; Educación y la de Comunicaciones y Transportes; no han estado tan presentes como demandan las comunidades.Pobladores y activistas reiteraron que seguirán con su lucha y la demanda de la auditoría financiera, que se declare área natural protegida, elaboren planes de ordenamiento hídrico, un programa de reforestación y restauración de la zona del Río Verde, entre otros puntos.GC
