Ante los hechos ocurridos en las manifestaciones para pedir justicia por Giovanni, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) A.C señaló que el gobernador de Jalisco está obligado a destituir al fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, así como al coordinador de Seguridad, Macedonio Tamez, y sancionar a los elementos involucrados.Esto debido a la violencia de los policías hacia los manifestantes y las detenciones arbitrarias e ilegales que realizaron.Pero también, María González Valencia, representante del IMDEC, señaló que hay una aparente prisa por cerrar el caso de Giovanni, por lo que exigen que se investigue a fondo por instituciones independientes.“Exigimos justicia, no una cacería de brujas, chivos expiatorios, ni una verdad histórica”, indicó.Por su parte, Denisse Montiel, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), se sumó a las exigencias de una investigación independiente.Además, señaló que este tipo de abusos se advertía desde que puso a cargo de las medidas restrictivas por COVID-19 a la policía municipal, quienes desde hace tiempo están involucradas en distintos casos de tortura y abusos.“Giovanni representa a muchos que han pasado lo mismo. Nos sumamos a las exigencias de liberación de todos los que fueron detenidos y a la rendición de cuentas del gobierno de Jalisco, que no ha dicho a cuantos desaparecieron, localizaron y en qué condiciones”, resaltó.Agregó que es importante que se garantice la no repetición y que las víctimas estén acompañadas por organismos internacionales.Desde el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias, Rogelio Córdova enfatizó que “no basta con remover a las autoridades, no es suficiente para tener justicia. Los derechos humanos no están en cuarentena”.Astrid Fonseca de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (AsiLEGAL) de la Ciudad de México, apuntó que “va ganando terreno un discurso punitivo, que nos conduce a un esquema de represión que lleva a la cárcel a chivo expiatorios”.Por lo cual se sumó a la exigencia de que no haya más abusos de autoridad, que se frenen las detenciones ilegales, que haya investigaciones imparciales en las manifestaciones que garanticen la reparación del daño y no repetición, que no se criminalice la movilización y que el COVID-19 no sea excusa para detenciones ilegales.GC
