El Poder Legislativo de Jalisco defenderá la legalidad de la reforma constitucional aprobada para cambiar el proceso de designación de magistrados y jueces, que incluye la aplicación de evaluaciones y pruebas de control de confianza; aseveró Salvador Caro Cabrera, presidente de la Junta de Coordinación Política.Tras los señalamientos del magistrado Ricardo Suro Esteves, presidente del Poder Judicial, que advirtió analizan presentar controversias contra la reforma, el legislador de Movimiento Ciudadano aseguró que cuidaron todos los aspectos constitucionales de las modificaciones para defenderla con argumentos. “El Poder Judicial del Estado de Jalisco está en una crisis terrible, la crisis implica que los juzgadores en nuestro estado están calificados en el peor nivel, ante esa realidad no nos podemos sustraer. Desde mi punto de vista debemos ser constructivos en esta etapa y lo relevante sería pensar en cuál va a ser la secuencia de reformas para poder fortalecer al Poder Judicial, ya teniendo los controles necesarios en la circunstancia en que los ciudadanos reconocen de este poder público”, comentó.El emecista argumentó que la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial es porque el Consejo de la Judicatura en todos los años de su existencia nunca cubrió su papel.Por su parte, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, aseguró que con la reforma el Congreso estatal actuó con responsabilidad, dijo que la iniciativa que presentó el gobernador sobre el tema fue mejorada con las aportaciones de las fracciones legislativas. Calificó a la reforma como una legislación eficiente que busca atender el reclamo social de tener un Poder Judicial más transparente, confiable y austero. El proceso para que entre en vigor la reforma constitucional para modificar el mecanismo de selección de jueces y magistrados aún no concluye. El dictamen debe ser ratificado por al menos 63 de los 125 ayuntamientos. Los municipios tienen plazo máximo de 30 días para hacerlo, si no responden en ese término aplica la afirmativa ficta. Una vez avalada por los municipios, el Poder Legislativo remitirá la minuta de decreto al Gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial. Entra en vigor al día siguiente de su publicación. NM
