El 31 de julio de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa fue asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Pese a que los torturaron y les dieron un tiro de gracia, Ricardo Nájera, entonces titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), afirmó que los motivos del hecho no tenían relación con la actividad del comunicador.De acuerdo con la Fiscalía, desde el 5 de julio de 2010 (fecha en que fue creada) han ocurrido 85 homicidios de periodistas; sin embargo, sólo en 43 de los casos, de acuerdo con sus estadísticas, el crimen derivó de su actividad periodística. Tales cifras discrepan de las recabadas por organismos como Artículo 19 o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).“Comúnmente no hay una correlación, en términos de agresiones, entre las investigaciones iniciadas por la Fiscalía y los casos registrados por nosotros como organización. Evidentemente hay un desfase importante”, apuntó Mayra López Pineda, perteneciente al Área de Protección y Defensa de Artículo 19.Así, los datos de este organismo suman 66 asesinatos de periodistas en posible relación con su actividad, 23 más que los 43 reportados por la FEADLE, prácticamente 50% más casos que los oficiales.También hay diferencias de la Fiscalía con los datos de la CNDH. Por ejemplo, en 2012 la Comisión registró siete casos contra cinco de la Fiscalía especial; o en 2014, la primera sumó nueve asesinatos comparados con solo un homicidio de un periodista derivado de su actividad, de acuerdo con las cifras de la Recomendación General 24/2016, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México de la CNDH.Humberto Darwin Franco, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, explicó que las discrepancias parten de las investigaciones de las autoridades, que en gran parte concluyen que los crímenes no fueron motivados por el trabajo de los comunicadores.“La Fiscalía ha argumentado que la mayor parte de los hechos es de manera aislada y que poco o nada tiene que ver con lo que hacían las personas”.César Octavio Pérez Verónica, presidente del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, consideró además que la FEADLE ha sido incompetente, pues pocos casos han sido resueltos.“La Fiscalía Especializada realmente no dado resultados, de los 119 casos de asesinatos de periodistas registrados en los últimos 19 años, quizás hayan llevado a la justicia a cinco personas, lo cual demuestra su incapacidad y su inoperancia para brindar seguridad jurídica y justicia a los periodistas que ya no están con nosotros”.Se solicitó entrevista a la Fiscalía, pero no hubo respuesta.De acuerdo con los registros de Artículo 19, las agresiones más frecuentes en la actualidad son las perpetradas a través de las redes sociales, pues son las herramientas más utilizadas en la actualidad por los periodistas para difundir la información que elaboran, como Twitter, Facebook y otras páginas. Se han registrado amenazas de muerte, bloqueos informativos, campañas de desprestigio, hackeos de las páginas o de las cuentas y censura de actores políticos, etcétera.Fuente: FEADLE.Las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que derivan de agresiones hacia periodistas alcanzaron ya en este mes de octubre la cifra más alta desde los registros de 2010, cuando solamente se emitieron en nueve ocasiones, informó Rodrigo Santiago Juárez, director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH.“Se ha incrementado esto, por ejemplo, en 2016 emitimos 27 medidas cautelares; en 2017, 66, y en 2018 llevamos hasta el momento 70 medidas cautelares”.Las medidas cautelares se emiten ante una posible situación de riesgo de un comunicador al solicitar a las autoridades que brinden la protección para resguardar a una persona, que puede consistir desde proporcionar una patrulla, rondines bitacorados en el domicilio o, en el caso de desapariciones, implementar medidas inmediatas de búsqueda. Las medidas también se emiten por omisiones o negligencia de parte de la autoridad.“Emitimos una resolución o una conciliación, o en los casos más graves, una recomendación a la autoridad para que se resarza la violación a los derechos humanos y se castigue a quien que no cumplió con su trabajo”.Sin embargo, el aumento en las medidas cautelares, admitió Santiago Juárez, deriva de los crecientes ataques a periodistas y al contexto de violencia.“Además de que se han incrementado las agresiones, nosotros como CNDH hemos utilizado en mayor medida las medidas cautelares para proteger o solicitar la protección de algunas personas, pero sobre todo se debe a que sí ha hay un incremento alarmante en las agresiones contra periodistas”.De acuerdo con las cifras recopiladas por la organización Artículo 19, los casos de homicidios de periodistas que suma el presente sexenio, que suman 46, prácticamente alcanzan a los ocurridos durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando ocurrieron 47. Y esto, pese a que actualmente ya se cuenta con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que a la fecha tiene a 727 periodistas y defensores de derechos protegidos por estar en riesgo su integridad.Según estimó Santiago Juárez, en todos los casos donde solicitan medidas cautelares ha hay una respuesta positiva de las autoridadesTras darse a conocer que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se quedó sin recursos para operar, el pasado 8 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación (Segob) implementar medidas cautelares para impedir la desprotección de los 727 beneficiarios del mecanismo.“La Segob y Hacienda hasta ahora han incumplido, al no tenerse elementos que acrediten lo contrario, su compromiso de asignar 75 millones de pesos al Mecanismo para mantener las medidas de protección por el resto de este año”.López Pineda advirtió que la falta de recursos pone en riesgo la protección de los periodistas y defensores, la cual incluso ya registra retrasos. “Hay algunos mecanismos de protección que ya se habían otorgado desde hace algunos meses, antes de que se supiera de esta crisis, y desde la fecha de su otorgamiento a la actualidad no se han implementado”.Rodrigo Santiago Juárez, director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, apuntó que el Gobierno federal ni siquiera ha dado explicaciones sobre las falta de los recursos.“Estamos hablando de 23 millones de pesos al mes, en 2018 sólo se dotó de recursos suficientes para los primeros nueve meses del año, el 30 de septiembre pasado se agotaron y, a partir del 1 de octubre, el mecanismo no puede solventar las medidas de protección. No hay ningún argumento, simplemente a partir del mes de octubre no hay dinero suficiente en el fideicomiso y no han dado razones para que no exista ese recurso”.Cuando se presenta un caso de riesgo para la integridad de un defensor de derechos humanos o periodista, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrada por cuatro representantes de autoridades, cuatro representantes de la sociedad civil y uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), revisa si éste amerita otorgar protección.Actualmente existen 727 beneficiarios en los que se gastan 23 millones de pesos mensuales; sin embargo, existe falta información sobre el ejercicio de esos recursos, señaló Mayra López Pineda, integrante de la organización Artículo 19.“Justo se desconoce si hay una debida vigilancia. No hay mecanismos de transparencia para saber cuántas medidas se han otorgado y cuántas se han implementado, cuánto se ha destinado para esas medidas”.La Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas advierte que las medidas de protección pueden ir desde botones de asistencia, proporcionar un teléfono celular, instalar infraestructura en inmuebles desde videoporteros hasta mallas ciclónicas y medidas de otro tipo, como un rondines de vigilancia, acompañamiento de autoridades cuando la persona viaja a otra entidad y hasta otorgar escoltas.Sin embargo, hay pocos datos sobre cómo se ejercen los recursos que se dan en pago a una empresa. “Eso por un lado, tampoco hay mecanismos de seguimiento, tenemos casos de periodistas que les han otorgado rondines por parte de las policías locales, donde les estuvieron dando rondines dos meses, de repente ya no se vuelven a presentar”, agregó López Pineda.Fuente: CNDHA diferencia de otros Estados, en Jalisco las agresiones hacia periodistas no provienen del crimen organizado, sino que son amenazas y hostigamientos muy veladas y cuidadas por parte de otros actores, como el Gobierno, partidos o de la misma sociedad, apuntó César Octavio Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).“Los que se han atrevido a denunciar, incluso a través de sus propios medios o de manera independiente, tiene que ver con amenazas más bien de algún tipo de autoridad o incluso la iniciativa privada”.Y de manera reciente, los registros que recabó su organización tuvieron origen durante las campañas electorales pasadas por parte de quienes las protagonizaron. “El Cepad pudo documentar o registrar cinco casos donde se vieron hostigadas estas personas, que lo que hacían era cubrir la fuente del proceso electoral”.Uno de los últimos casos que han analizado y que sigue en controversia es el del periodista Pedro Mellado, quien fue demandado por el ex diputado del Partido Verde Ecologista Enrique Aubry. “Lo que hemos documentado en el Cepad son ataques, hasta amenazas de muerte que se han dado hacia periodistas que en cumplimiento de su profesión”.Sin embargo, la gran mayoría de quienes han sufrido algún tipo de hostigamiento o amenaza no denuncian, explicó, debido a la desconfianza hacia las instituciones y los organismos públicos.“Tiene que ver mucho con que no hay una instancia gubernamental a la cual se pueda acudir, ya sea una fiscalía especializada o un mecanismo de protección, por lo tanto hace más difícil que los periodistas presenten denuncias. Por otra parte hay un organismo público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que poca confianza genera en los profesionales de la información”.Sin embargo, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas en el Estado no es tan alarmante con relación a otras entidades, insistió. En Jalisco, el último caso de un asesinato fue el de José Galindo Robles, quien fue encontrado muerto en Ciudad Guzmán el 24 de noviembre de 2009.El periodista, quien laboraba para Radio Universidad de Guadalajara, fue encontrado atado en una recámara de su casa y al parecer lo habían asesinado un par de días antes. “Por cierto, a la fecha aún no sabemos los motivos ni los autores”.Incluso, el Cepad ha tomado registros de profesionales de la información que han sufrido acoso o amenazas, pero que provienen de la propia empresa para la que trabajan. Cuando conocen de algún caso, ese organismo les presenta las opciones y escenarios para que las evalúen y decidan sus acciones.Aunque el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante el cual se emiten medidas para salvaguardar la integridad de dichos ciudadanos cuando son amenazados, pareciera ser a nivel mundial una herramienta de avanzada, no ha funcionado como lo esperarían los beneficiarios, señaló Humberto Darwin Franco, académico de la UdeG y periodista.Esto se evidencia incluso en los casos registrados de periodistas como Rubén Espinoza, quien pese a que tenía activado el mecanismo, éste no fue eficaz para evitar que lo asesinaran.“No ha funcionado porque muchas de las agresiones que sufre la prensa y los defensores de derechos humanos viene del propio Estado, entonces muchos de los defensores o periodistas no han querido acercarse al mecanismo porque no hay nada que te haga pensar que vas a sentirte seguro”.Según explicó, se le debe garantizar la independencia presupuestal y operatividad tanto a esta herramienta como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para garantizar la protección de los periodistas.“El Mecanismo de protección quizá tendría que encontrar otra instancia que no fuera necesariamente la Secretaría de Gobernación o la Fiscalía Especial. Además, la FEADLE debería ser autónoma, independiente de la Procuraduría General de la República, para que pudiera investigar cuando las agresiones provengan de un poder público, porque lo que se ha encontrado es que muy pocas de las investigaciones sobre agresiones que vienen de las autoridades proceden porque es el propio Estado” Fuente: FEADLE.De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son cinco las Entidades federativas que concentran los asesinatos de periodistas, que en el anterior sexenio ocurrían principalmente en el Norte, indicó Rodrigo Santiago Juárez, director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles.“Tenemos detectadas cinco Entidades donde se concentran más de 50% de los homicidios (en el histórico). La primera es Veracruz, con 22 casos registrados de homicidios; Tamaulipas, con 16; Oaxaca y Guerrero, con 15 casos cada uno, y Chihuahua, con 14. En estos Estados es en donde hay un foco rojo y donde se debe poner especial atención para prevenir nuevos casos e investigar los que ya ocurrieron”.Se ha identificado que existen rasgos comunes en estos crímenes, tales como la cobertura de los reporteros así como la presencia de grupos de la delincuencia organizada.“Muchos de los casos tienen que ver con los periodistas que investigan casos de corrupción o nota roja, y otro de los puntos de coincidencia es que en estos Estados también hay problemas muy serios de violencia, entonces no pueden desligarse las agresiones contra periodistas del contexto de violencia de esos Estados”.Y no solamente son los homicidios las agresiones que se han documentado hacia comunicadores, sino también amenazas, las cuales se generan prácticamente en todas las Entidades del país.“En muchos de los casos que recibimos aquí y que tienen las comisiones estatales de derechos humanos son amenazas de particulares o de servidores públicos”. Y no tienen que ser altos funcionarios, sino servidores de primer contacto. “Cuando un periodista va a cubrir una nota, un accidente, una nota roja, los policías que llegan a resguardar la escena normalmente los amenazan o incluso les quitan su equipo de trabajo o se los rompen, entonces no solamente son casos de homicidio, hay un abanico de conductas que también tienen que ver con agresiones a periodistas, y que van desde amenazas o también en redes sociales cuando tratan algún tema”.
