El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, anunció que el juez de Distrito que lleva el caso de la posesión de Colomos III “concedió la razón a la autoridad” y negó la última suspensión definitiva para la recuperación del predio, por lo que se podrá entrar al terreno e iniciar una rehabilitación y reforestación.Afirmó que el juez resolvió a favor del Ejecutivo, debido a que se trata de una cuestión de orden público e interés social.“La única (suspensión) que quedaba pendiente ya se resolvió y se les negó la suspensión definitiva. Ya podemos hacer uso de Colomos III, vamos a empezar una rehabilitación y a seguir viendo el uso y destino, que va a ser un parque, lógicamente”, advirtió López Lara.El año pasado, el Gobierno del Estado recuperó 12 hectáreas de ese terreno, ubicado en avenida Acueducto, el cual iba a convertirse en un desarrollo inmobiliario.Contrario a lo que dijo el secretario general de Gobierno, la firma de litigantes Illanes y Soto refirió en un comunicado que la suspensión no es a favor del Ejecutivo, sino del demandante, Ricardo Ramírez Angulo, entonces, la autoridad estatal no puede hacer uso del terreno.“En efecto contrario a lo que sostuvo, el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa sí concedió una suspensión definitiva a favor de nuestro cliente, Ricardo Ramírez Angulo”, señaló el bufete en un comunicado.La firma de abogados argumentó que la resolución del juez tiene que ver con reservar la disposición del inmueble y, mientras no haya una resolución definitiva, quedará en manos de las fuerzas policiales, no del Gobierno estatal.“Lo único que negó el juez a nuestro cliente es entregárselo o devolvérselo libremente, lo cual no implica que haya ganado el asunto el Gobierno”.Martha Gloria Gómez, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Estado, insistió en que apenas el 9 de febrero pasado, el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva en donde los quejosos solicitan la restitución de los predios.“Lo que dice el juez es que no puede conceder esa medida porque se afectaría el orden público y el interés social, porque se privaría a la colectividad de un beneficio que producen los bienes adquiridos para dotar de agua a Guadalajara”, destacó.El fondo del asunto, que tiene que ver con demostrar la posesión del predio en disputa por parte del Gobierno estatal y el particular, aún no se resuelve.
