Del mismo modo en que la marginación laboral y financiera hacia las mujeres frena el desarrollo de una región o de un país, el abandono económico que ejercen los deudores alimentarios sobre sus hijos también fomenta la pobreza colectiva, sobre todo cuando se trata de un fenómeno tan recurrente como en México, aseguró la ex magistrada federal, Martha Elizabeth Ibarra, quien destacó que hasta un 67.5% de niñas, niños y adolescentes en el país ven violentados sus derechos básicos de esta forma."La situación de las pensiones alimenticias es un tema que debe visibilizarse y atenderse hoy de un modo en el que no implique un costo social tan alto, no solo por su impacto financiero global, sino por justicia elemental hacia la infancia", señaló.Como especialista dedicada a la consultoría financiera y fiscal empresarial, Martha Elizabeth Ibarra reiteró: "En México, niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a que se les provean alimentos, de acuerdo con el artículo 4° de nuestra Constitución. Sin embargo, los padres que no proveen pensiones alimenticias son una constante en el país. Por eso es importante reflexionar acerca del impacto fiscal, económico y financiero que enfrentan las familias mexicanas y que se genera por este tipo de abandono, considerando que se trata de un derecho fundamental para el desarrollo integral de los menores, cuya omisión se refleja de forma evidente en el crecimiento económico y social del país".Refirió que, según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la actualidad el 67.5% de las niñas y niños mexicanos, así como adolescentes, no reciben pensión tras el divorcio de sus padres: "Esta falta de responsabilidad limita en los jóvenes las posibilidades de realización personal y su contribución plena a la sociedad, ya como adultos. "En última instancia, y debido a la incidencia tan alta, esto afecta a toda la economía, pues obliga al Estado a ejercer grandes presupuestos en políticas públicas compensatorias cuando esos progenitores no cumplen con sus obligaciones y dejan a los menores sin alimentación y sin educación; cuando los dejan sin derecho a la salud, al no pagar tampoco medicinas, tratamientos u hospitales, cuando así resulta necesario", advirtió la especialista, quien actualmente es CEO de la firma de consultores legales empresariales Ibarra Navarrete & Kublich S.C.En ese sentido, la ex magistrada consideró como pertinentes las medidas legales que se vienen implementando para garantizar el cumplimiento de las pensiones: "Con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, México va contra los padres deudores alimentarios que no aporten alimentos a sus hijos, al imponerles sanciones, después de 90 días de incumplimiento, como no otorgarles pasaporte, licencia para conducir, o el documento de identidad que emite el INE"."Por otra parte, quienes aparezcan en ese padrón tendrán limitada su salida del país, con el fin de evitar la evasión del pago de la deuda; y estarán inhabilitados para contender por cargos de elección popular o para aspirar a ser jueces o magistrados. Tampoco podrán hacer trámites de compra-venta de inmuebles para constitución o transmisión de derechos reales; al igual que estarán imposibilitados para casarse de nuevo", recordó.Para ampliar el contexto en el que se han dado estas modificaciones legales, explicó: "Retomando las estadísticas más recientes del Inegi, éstas muestran que, de todos los divorcios efectuados en 2021, sólo se asignó una pensión alimenticia al 47.9% de los hijos e hijas. Así, de casi la mitad de los 149 mil 675 divorcios de los que el Instituto tiene registro, surgió un deudor alimentario. "La misma dependencia arrojó que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y que más de la mitad de las madres solteras tienen exparejas que incumplen con la obligación del pago de pensiones alimenticias"."En el nivel estatal, Jalisco es una de las entidades que cuenta con una cantidad menor de divorcios en el país, al registrar sólo el 18.6% de ellos. En consecuencia, se sitúa como uno de los Estados con menor porcentaje de deuda, en el rango de incumplimiento de pensiones alimentarias", detalló.Con esos números, es previsible que la aplicación de las medidas derivadas del registro de deudores sí tenga en principio un impacto negativo en la recaudación de impuestos derivada del pago de derechos y contribuciones correspondientes a aquellos trámites que no podrán realizarse, sobre todo en las esferas estatal y municipal.Sin embargo, la analista fiscal puso en relevancia los beneficios de fondo: "Para mí queda claro que, al colocarse ese dinero en las casas de los acreedores, se estará ayudando al desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes; estaremos impactando en su presente y futuro. Se trata de acciones que suman para disminuir la violencia económica que sufren las mujeres en América Latina."Por todas estas razones, mi propuesta también es, en ese sentido, el de cambiar esa idea de que el incumplimiento de manutención sea visto como un asunto privado, cuando estamos ante un problema público por el costo que supone para el Estado", concluyó.El Registro de Deudores Alimentarios de México se suma a las medidas que existen en diversos países para garantizar que las niñas y niños y adolescentes cuenten con alimentos:OF
