El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Ministerio Público, pero hay poco para celebrar. En Jalisco hay 599 agentes ministeriales encargados de integrar y dar seguimiento a 128 mil 585 carpetas de investigación, con lo que en promedio cada uno tiene una carga de trabajo equivalente a 214 expedientes por homicidios, robos, fraudes y violaciones, entre otros delitos.El estudio Hallazgos 2021, elaborado por México Evalúa, evidencia que el Estado tiene menos agentes que otras Entidades como Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México y Puebla, entre otros. El año pasado, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, los retrasos existentes en las investigaciones que lleva el Ministerio Público se encuentran directamente relacionados con los rezagos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.Afirma Jorge Tejada, académico del ITESO, que cuando hay una investigación sin detenido, se tardan entre uno y tres meses en promedio solamente en los trámites de recepción de denuncias, escritos y en recibir las acreditaciones de abogados. Por eso el rezago en el MP de Jalisco.A nivel nacional, el promedio de carpetas de investigación iniciadas y gestionadas por cada agente del Ministerio Público pasó de 132 en 2020, a 169 en 2021.Durante el año pasado, más de un tercio de las Entidades federativas redujeron el número de agentes del Ministerio Público con respecto al año anterior. El estudio Hallazgos 2021 realizado por México Evalúa reportó que, a nivel estatal, sólo en el 4.3% las carpetas de investigación se iniciaron con detenidos y en el 95.7% restante las pesquisas comenzaron sin que hubiera presuntos responsables detenidos.Según el informe, del total de carpetas de investigación iniciadas a nivel nacional en el 2021, el 86.8% fueron comenzadas sin una persona detenida, mientras que el 13.2% con una o más personas detenidas. Esto significa que la Entidad está por debajo del promedio nacional. La complejidad de la investigación de un delito aumenta cuando se inicia una carpeta sin personas detenidas, pues si la detención ocurrió en flagrancia existe una mayor posibilidad de recolectar pruebas materiales en el lugar de los hechos y testimonios; también puede haber mayor disposición de las víctimas u ofendidos para aportar información.Si esto no ocurre, es probable que el paso del tiempo entre el momento de los hechos y la denuncia haga más compleja la recolección de indicios y testimonios, por lo que se requieren mayores recursos, tiempo y una mayor colaboración de la víctima para aportar información que permita integrar líneas de investigación.Los Estados con una tasa más alta de inicio de investigaciones con una o más personas detenidas fueron Tlaxcala (38.4%), Coahuila (37.5%) y Chihuahua (26.2%).Y con las tasas más bajas figura Tamaulipas (2.2%), Tabasco (1.9%) y Sinaloa (1.6%). El proceso de militarización de la seguridad pública pone en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal, advierte el estudio Hallazgos elaborado por México Evalúa, donde se destaca que la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hace más complejo el contexto.Consideran que un foco rojo es que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN) acumularon, respectivamente, 436 y 504 quejas por violaciones a derechos humanos durante el año pasado. La cifra va en aumento.Destacan como un pendiente de cumplir lo que se estableció para que los titulares de los Gobiernos locales de las 32 entidades federativas presenten un diagnóstico y un programa para el fortalecimiento de sus policías estatales y municipales.El Observatorio de la GN documentó que el cumplimiento de esa obligación ha sido deficiente y que, en 2020, dos Estados no presentaron un diagnóstico y otros cinco, entre ellos Jalisco, no remitieron el programa.Baja California es la única Entidad que no ha presentado ningún diagnóstico hasta ahora y, junto con Jalisco y San Luis Potosí, tampoco ha presentado su programa de fortalecimiento.También es destacable que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) carezca de algún informe o seguimiento de los avances hasta ahora realizados por las Entidades federativas en la implementación de sus programas de fortalecimiento.Actualmente hay 118 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados por todo el territorio nacional, lo que representa un 86.3% de avance respecto de los más de 136 mil elementos que fueron proyectados como meta para 2024.Se informó que actualmente la GN cuenta con 241 cuarteles construidos, mientras que 66 se encuentran en etapa de edificación, 64 están por iniciar su construcción y otros 123 se encuentran proyectados para edificarse en 2023. La distribución de recursos para las labores de la procuración de justicia, seguridad y atención a víctimas evidencia asimetrías y pendientes para solventar su operación diaria y aumentar su capacidad instalada. El estudio Hallazgos 2021, elaborado por la agrupación México Evalúa, subraya que los incrementos presupuestales no garantizan por sí mismos el éxito del sistema de justicia penal. Establecen que el gasto debe ser eficiente, eficaz y tener como condición indispensable los ejercicios de planeación estratégica y operativa que se analizaron en secciones precedentes.“El punto de partida para una adecuada distribución de los recursos es la definición de los resultados que se desean obtener, así como las estrategias para alcanzarlos, y a partir de allí se pueden definir las necesidades del sistema en su conjunto y de cada operador en lo particular, así como los procesos y acciones que se desprenden de las estrategias”, puntualiza el documento.Se detalla que en Jalisco, 53 centavos de cada peso presupuestado se destinó a la Secretaría de Seguridad Pública. A pesar de que el presupuesto para labores de seguridad subió un 181.83% entre 2020 y 2021, para la Comisión de Víctimas bajó 0.52 por ciento.“Las variaciones presupuestales son reflejo de la falta de visión sistémica en la asignación del presupuesto. A cada institución se le asignan recursos sin considerar las necesidades y retos de las otras instituciones; ni siquiera existe una asignación inercial, ya que de forma reiterada año con año se observan altas variaciones no sólo en el total asignado al sistema de justicia, sino también en el presupuesto asignado a cada institución”. CT
