Debido a la sospecha de que tiene vínculos con la delincuencia organizada, la Secretaría de Seguridad Pública y fuerzas federales desarmaron a 160 elementos de la Policía municipal de San Juan de los Lagos.“Hemos observado poca diligencia y compromiso de la propia Comisaría de San Juan de los Lagos, negándose a responder, a apoyar en operativos realizados en la región, además de reportes de inteligencia que hablan de tránsito y flujo de gente armada por el municipio sin que respondiese”, destacó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo.Desde las 07:00 horas de ayer se montó un operativo con 500 elementos de la Policía del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional para tomar el control de la seguridad en el municipio.El presidente municipal, Jesús Ubaldo Medina, dijo que se llevaron a los agentes a la Academia de la Policía del Estado para capacitarlos durante 30 días.Sin embargo, el secretario de Seguridad del Estado, Bosco Pacheco, aclaró que serán sometidos a evaluaciones de control de confianza.Las autoridades buscan al comisario Hugo Armando Martínez y al segundo al mando. Dejaron el cargo sin previo aviso.Aunque no pueden considerarse prófugos, pues aún no hay denuncias en su contra, Tamez explicó que por labores de inteligencia hallaron elementos para presumir que la dependencia tiene “vínculos inadecuados”.Se informó que el alcalde le dio la orden a Martínez de presentarse para hacer la entrega de las instalaciones, equipo y personal, pero no acudió.El comisario tiene 24 horas para hacerlo o se iniciará un procedimiento para imponerle acciones correctivas, como la separación inmediata del puesto.Ésta es la primera corporación municipal que es intervenida durante la actual administración. En el sexenio de Aristóteles Sandoval fueron desarmadas 14.Con el desarme de 160 agentes de la Policía de San Juan de los Lagos, llevado a cabo ayer por autoridades estatales y federales, son 15 las comisarías municipales que han sido intervenidas desde 2014. La mayoría de los operativos se realizaron durante la administración de Aristóteles Sandoval Díaz.La Fiscalía del Estado informó a través de una solicitud de información que, entre diciembre de 2014 y marzo de 2018, fueron 14 las policías intervenidas como parte de “acciones en materia de seguridad para el restablecimiento del orden y paz pública, así como para la capacitación de los elementos”.Los años con más desarmes de policías fueron 2015 (Unión de Tula, Villa Purificación, Pihuamo y Jilotlán de los Dolores) y 2017 (Teocaltiche, Tlajomulco de Zúñiga, Ocotlán y Bolaños).La dependencia estatal también da cuenta de la intervención de la Policía de Tecalitlán en febrero de 2018, esta última a partir de la desaparición en enero de ese año de Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, los tres italianos quienes fueron entregados al crimen organizado por cuatro elementos de esta corporación, según confesaron los oficiales.A éstas se suman Cocula y Casimiro Castillo en 2014 y La Barca y Villa Corona en 2016.La última toma en la gestión pasada fue la realizada a la Policía de Tlaquepaque, el 11 de marzo de 2018. La Fiscalía del Estado, en coordinación con la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército Mexicano realizaron el desarme de 863 elementos que conformaban la corporación.De acuerdo con el entonces fiscal del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, los oficiales serían internados en las instalaciones del Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía para su reevaluación y capacitación por al menos 30 días. Sin embargo, sólo estuvieron dentro 467 agentes por un periodo de semana y media.Antes de ser director de la Policía de San Juan de Los Lagos, Hugo Armando Martínez Zacarías, trabajaba en el bar “de ambiente”, Sense Trendy Club, en el centro de Tepic, Nayarit, donde fue detenido con otras 13 personas durante en junio de 2013.Tras un operativo en centros nocturnos, se descubrió que los empleados permitían el ingreso a menores, a quienes vendían bebidas alcohólicas.En la página del municipio no aparecen datos sobre los antecedentes de esta persona, quien tomó el cargo desde el 2018 como director de Seguridad Pública y Tránsito. Además, ya como funcionario su nombre aparece en la recomendación 33/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, por la muerte de un detenido que se suicidó en una de las celdas.Según la queja, la Policía municipal detuvo el 10 de abril de 2019 a un joven que se dedicaba a vender estampitas en la vía pública, pero como no tenía licencia, lo llevaron a una celda con el argumento de que molestaba a unas muchachas. El joven padecía de esquizofrenia y estaba bajo tratamiento, y al no contar con las instalaciones ni el personal adecuados, lo hallaron muerto.El director y el segundo al mando se fueron sin previo aviso en el contexto del desarme y la autoridad no los ha localizado.LA VOZ DEL EXPERTOJorge Tejada Montaño (académico del ITESO)El desarme e intervención de las policías municipales por autoridades estatales representa un golpe para los grupos delincuenciales, pues al retirar a la totalidad de los elementos de una corporación se dificultan las operaciones de los criminales que pudieran haber pactado con algunos de ellos, según explicó Jorge Tejada Montaño, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).“Cuando los criminales saben que por un periodo prolongado no van a tener contacto con estos elementos ni para extorsionarlos o para planear el seguimiento de las operaciones, se desincentivan sus planes por algún tiempo”, expresó.Tejeda Montaño explicó que “cuando se hace una intervención de este tipo no es solamente por un problema de uno o dos policías, sino que dará datos que ayudarán a la autoridad a aclarar algunos otros delitos, como desapariciones, extorsiones secuestros, laboratorios de narcóticos, e incluso de algunas células de los grupos organizados y fosas clandestinas”.En muchos casos, dijo, no es que los elementos quieran colaborar con la delincuencia organizada, sino que son extorsionados para que se conviertan en sus cómplices ya que, de no aceptar los sobornos que les ofrecen, los amenazan con hacerles daño a ellos o a sus familias, y en muchos casos se ven obligados a colaborar.“Con esta intervención muchos policías podrían estar siendo incluso liberados de estas extorsiones, pero las autoridades deberán tomar las medidas necesarias para proteger a los policías que no resulten directamente vinculados con el crimen organizado y hayan brindado información, para que los criminales no tomen represalias contra ellos”, añadió el investigador.
