Ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado, la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército mexicano, llevaron a cabo la intervención y desarme de la Policía de Tlaquepaque.Con esto, suman ya cuatro las comisarías desarmadas en un año y 14 desde 2014. Las últimas policías intervenidas fueron las de Ocotlán y Bolaños en 2017 y las de Tecalitlán y Tlaquepaque en 2018.De acuerdo con el fiscal estatal, Raúl Sánchez Jiménez, los 734 elementos que conforman la corporación municipal serán internados en las instalaciones del Instituto de Formación y Profesionalización de la fiscalía, donde serán revaluados y capacitados; además, será analizado el estado de fuerza patrimonial, conformado por el armamento, chalecos antibalas y equipos de radiocomunicación.Por su parte, el comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, Raúl Alejandro Velázquez, informó que serán 400 los elementos de la Policía estatal quienes patrullen las calles de Tlaquepaque, especialmente los 35 polígonos identificados con la mayor incidencia delictiva, esto durante los 30 días que durará el internamiento.A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, manifestó que estas acciones forman parte de una medida contundente frente a la inseguridad de la metrópoli y agregó que estarán dispuestos a actuar “con toda la fuerza hasta el último día de la administración” para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Por su parte, la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón manifestó que el Ayuntamiento no fue informado de las acciones que llevaría a cabo la Fiscalía para intervenir la Comisaría municipal.Exigió al gobernador que en un máximo de tres días sean presentados los resultados de las investigaciones y, en caso de que el asunto demore más de dos semanas, será tomado como un tema de tinte político y electoral.Sin embargo, agregó también que presentarán toda la información que sea requerida para las investigaciones y en caso de que se compruebe que existe algún vínculo entre elementos y el crimen organizado, serán los primeros en tomar acciones legales en su contra para “limpiar” a la corporación.Entre 2017 y 2018, Tlaquepaque pasó de ocupar el quinto sitio entre los municipios con más muertes por arma de fuego, al segundo, sólo por debajo de Guadalajara. En las 10 semanas que van de este año, se han registrado 52 decesos por esta causa en el municipio.El 15% de los 11 mil 705 elementos de seguridad pública municipal del Estado de Jalisco que han sido evaluados por las pruebas de control de confianza han reprobado dichos exámenes, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Centro de Control de Confianza del Estado de Jalisco. Hasta los primeros días de marzo sólo faltaba evaluar a 6% del universo total de estos policías (12 mil 453).En lo que va de la administración municipal, al menos cinco policías de la Comisaría de Tlaquepaque han sido asesinados.En febrero de 2016, el entonces tercer oficial al mando de la Policía municipal fue ejecutado junto con sus dos escoltas mientras circulaban a bordo de una patrulla sobre la Avenida Revolución, en la Colonia Lomas de Tlaquepaque. Los tres elementos asesinados fueron: Francisco Javier Alejo, Jesús Hernández Centeno y Daniel Río Chávez.Luego de este hecho, el comisario y el director operativo de la Policía del municipio renunciaron y la alcaldesa María Elena Limón, designó nuevos perfiles para estos cargos.Al año siguiente, en julio de 2017, asesinaron a balazos a otro policía de Tlaquepaque, quien era segundo comandante. Esto sucedió en la Colonia La Tijera de ese mismo municipio mientras iba a bordo de un vehículo tras terminar su turno laboral, cuando varias personas en dos automotores más le cerraron el paso y lo ejecutaron.El último de estos asesinatos ocurrió apenas el mes pasado, cuando se confirmó el fallecimiento de otro elemento más de la policía de este municipio, luego de varios días de haber sido privado de la libertad. Su cuerpo fue encontrado con huellas de estrangulamiento en la Colonia Los Cajetes de Zapopan.LA VOZ DEL EXPERTOJosé de Jesús Ibarra (académico del ITESO)Las intervenciones de policías municipales por parte de autoridades estatales o federales deben ser acciones de carácter extraordinario y llevadas a cabo con la justificación adecuada de su ejecución, pues de lo contrario estarían infringiendo las respectivas jurisdicciones, según explicó José de Jesús Ibarra, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).Afirmó también que si bien es una violación jurídica a la autonomía de los municipios, esto puede ocurrir siempre y cuando haya un procedimiento y una averiguación previa sustentada ante un juez que justifiquen su realización.En el caso del desarme de la Comisaría de Tlaquepaque, el académico manifestó que luego de llevar a cabo estas acciones será un deber dar a conocer abiertamente si existen implicados en la comisión de algún delito, sin ahondar en especificaciones que puedan interrumpir las investigaciones.Agregó que la investigación a estos policías terminará cuando se den a conocer todas las líneas de investigación, así como el posible vínculo no sólo de las policías, sino de otros agentes políticos o sociales.“No tendrían que avisarles previamente; las investigaciones de este tipo están sustentadas por el secreto de sumario, que quiere decir que los operativos y las investigaciones no pueden develarse pues estarían en riesgo de no ser efectivas”, dijo Ibarra.
