A pesar de ser el Estado con mayor número de personas desaparecidas, Jalisco tuvo un subejercicio de 11 millones de pesos (mdp) en recursos federales entregados el año pasado a la Comisión Estatal de Búsqueda de PersonasLuego de ser cuestionado sobre el tema por la diputada de Morena, Yussara Canales González, durante la glosa del cuarto informe de gobierno, Ricardo Sánchez Beruben, coordinador del gabinete estatal de seguridad admitió que devolvieron recursos, pero lo justificó. Argumentó que regresaron al Gobierno Federal seis mdp por “ahorros” y cinco millones más que no ejercieron pues estaban destinados a la compra de vehículos que no se concretó por la escasez de unidades por la falta de chips conectores.Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, cuestionó las cifras presentadas en materia de desaparición de personas y que no se aborda el tema de la tortura. En respuesta, el coordinador dijo que firmaron un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para capacitar a elementos policiacos para prevenir la tortura.La legisladora morenista Claudia García Hernández, también advirtió fallas en la atención a las víctimas indirectas y que han desestimado el trabajo de las familias que buscan.El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, criticó el optimismo de las cifras del Gobierno estatal en materia de inseguridad y pidió contrastarlas con estudios independientes como las estadísticas de Coparmex del impacto de la inseguridad a las empresas y el Índice de Estado de Derecho en México de World Justice Projec. En respuesta, el funcionario estatal dijo que no descalifica esos resultados, pero pidió reconocer que hay una disminución en la incidencia delictiva; asimismo, negó que se deba a la cifra negra de delitos no denunciados.Respecto a la situación en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Sánchez Beruben consideró que el municipio tiene gobernabilidad, no reporta incidencia delictiva en fuero común y argumentó que la situación inseguridad es regional por la colindancia con Michoacán, donde hay una disputa entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada.La Fiscalía del Estado omitió informar cuántos de los 27 elementos dados de baja en la actual administración fueron despedidos por vínculos con la delincuencia organizada. El titular de la dependencia estatal, Luis Joaquín Méndez Ruíz, argumentó que no está en condiciones de informar hasta que el órgano interno de control revise los procesos.“Tendríamos que checarlo con las áreas de control y ver cuáles fueron las causas de la separación –¿hay alguno por delincuencia organizada? - tendríamos que esperar a que los órganos de control revisen y estar en condiciones de informar”, respondió en entrevista posterior a su comparecencia por la glosa del cuarto informe de gobierno en el Congreso estatal.En la reunión la diputada de Morena, Yussara Canales, cuestionó al funcionario estatal sobre la investigación de los presuntos vínculos con la delincuencia organizada con el personal cesado. El funcionario dijo que están en constante supervisión por parte de los órganos internos de control, sostuvo que el cese no es la única figura de sanción y presumió que han fortalecido las áreas de control interno.JM
