Aunque Jalisco es uno de los primeros lugares nacionales en personas desaparecidas, el Gobierno del Estado no contempla aumentar el presupuesto de la Comisión para la Búsqueda de Personas. El proyecto de presupuesto 2022 incluye bolsa de 39 millones 204 mil pesos para esta área; monto que representa 454 mil pesos menos que lo autorizado este año.Según estadísticas de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, de 2018 a septiembre de este año, la administración estatal reconoce 7 mil 904 desaparecidos o no localizados. Colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos refutaron las cifras oficiales, advirtieron que son 14 mil 500 personas cuyo paradero se desconoce y que están reportadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.En el caso de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en la iniciativa de presupuesto le etiquetan 104.9 millones de pesos (MDP), es decir 10.7 millones más que en 2021. El pago de sueldos y prestaciones del personal es la principal erogación en esta dependencia (75.9 MDP); para la atención a familiares de desaparecidos se destinan sólo 5 millones.Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) le asignarían 363 millones 200 mil pesos, 76.1 MDP más que este año. El monto proyectado incluye 5 millones para el laboratorio de genética y 22.2 millones para el Centro de Identificación Humana.Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en rezago en materia de identificación humana, con cinco mil 738 cadáveres en esa situación; según una investigación realizada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.Sobre el estancamiento presupuestal de la Comisión de Búsqueda, el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, dijo que es muy “similar” al gasto de este año y comentó que el aumento al IJCF será para la contratación de peritos y para fortalecer el área de identificación de cadáveres.En el caso de la Comisión Ejecutiva Estatal para Atención de Víctimas le asignan 49.1 millones, 6 más que este año. El Congreso de Jalisco tiene pendiente de aprobar una nueva ley estatal para la atención a las víctimas del delito, iniciativa que presentó el gobernador desde hace más de dos años.IM
