Ante la crisis de desaparición de personas que enfrenta Jalisco, el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, presentó una iniciativa al Congreso de Jalisco como parte de su estrategia en materia de seguridad, enfocada especialmente para atender esta problemática.La iniciativa pretende conformar una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que tendrá a su cargo los Organismos Públicos Descentralizados Escudo Urbano C5 (todo el sistema de videovigilancia) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (con el Centro de Identificación Humana). Lo anterior no significará la desaparición de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, sino que sus atribuciones se verán fortalecidas a través del resto de organismos que coadyuvarán con la nueva Secretaría. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, señala la propuesta, operará bajo una Dirección de Búsqueda. Y fungirá como Secretariado Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, para lo cual será necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco, la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado y la Ley de Personas Desaparecidas, entre otras, con el objetivo de que se coordinen todas las áreas involucradas.La iniciativa, explico Lemus, surgió a partir del diálogo, el análisis y la colaboración de especialistas en la materia, familiares y colectivos en busca de sus seres queridos, con quienes mantendrá una comunicación directa. Lo que se busca “es la localización de sus seres queridos y la identificación, el fortalecimiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas”, así como la creación de un Sistema de Inteligencia y Búsqueda, “porque lo que buscamos es la erradicación de la desaparición y, por eso, proponemos la especialización en búsqueda e inteligencia”. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco hay 15 mil 216 personas en esta situación. Esa cifra es más alta que las 14 mil 955 documentadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, que colocan a Jalisco en el primer lugar nacional, seguido de Tamaulipas (13 mil 017) y Estado de México (12 mil 767).En distintas ocasiones, familias y organismos han insistido a las autoridades en generar mecanismos que ataquen las fallas que persisten en las dependencias. Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, afirma que se han documentado omisiones y deficiencias en materia del seguimiento de los protocolos, pero también ausencias en el seguimiento de los casos, además del desconocimiento del marco jurídico en materia de desaparición. Para Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, hay deficiencias en la coordinación entre las instancias encargadas de la búsqueda de las víctimas, sin dejar de lado otros temas como la revictimización de las familias o las fallas existentes en la identificación de cuerpos hallados en fosas clandestinas. “Primero hay que sanear el sistema y quitar el nido de corrupción e impunidad”. La iniciativa se pretende avalar en el Congreso y que entre en operaciones el 6 de diciembre, cuando iniciará su administración estatal. “Tenemos que pagar una deuda histórica con la localización de sus familiares, pero tenemos que dar una atención más especializada”, finalizó Lemus.
