Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la estrategia de los gobiernos federal y estatal para sanear el Río Santiago debe replantearse.Durante la presentación de un informe especial, recomendó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, al gobernador y a los presidentes municipales de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, informar a la población sobre su papel ante la Resolución 07/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se emitió la medida cautelar 708-19 a favor de pobladores de los sitios aledaños al afluente.A la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) les pidió que consoliden su responsabilidad en el monitoreo, supervisión y sanción en la contaminación del río y del lago de Chapala con los más altos estándares de transparencia, participación pública y justicia ambiental.También llamó a realizar estudios socio-económicos sobre el aporte real del sector industrial a la economía de las familias en los territorios afectados.La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) propuso analizar una declaración de moratoria para contener el crecimiento del sector industrial en El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y Tonalá, para tratar de reducir la afectación a las poblaciones cercanas al río Santiago.Tunuari Roberto Chávez González, encargado de la Unidad de Análisis y Contexto del organismo, explicó que es necesario el estudio para determinar el impacto socioeconómico y ambiental.“No existe ese balance sobre la mesa, en las normas en materia hídrica sí. Cuando los acuíferos están sobreexplotados se establecen vetas, pero en el aspecto industrial no existen”, comentó.La CEDHJ emitió el informe especial “Área de influencia por los contaminantes primarios presentes en el río Santiago y lago de Chapala”.Entre los hallazgos, se destacó cómo el impacto generado por la actividad industrial es superior respecto al resto: el daño territorial tangible por las actividades de transformación es 237% más alto que el provocado por labores agropecuarias (casi cuatro veces), y 30% mayor que en el caso de las urbanas. También se detalló la existencia de 13 localidades de Poncitlán que colindan con el lago de Chapala y presentan altos grados de vulnerabilidad e impacto, que no se encuentran incluidas en la actuación cautelar interamericana. La misma situación se demuestra con las localidades de Tololotlán y Puente Grande, en Tonalá.El 27 de enero de 2009, la CEDHJ emitió la Recomendación 1/2009 por violación de los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debido a la contaminación del río Santiago. Se dirigieron 100 puntos recomendatorios al Ejecutivo estatal; 68 a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas; 13 a la Comisión Estatal del Agua y 24 al SIAPA.JL
