Funcionarios de delegaciones federales en Jalisco están dentro del grupo de los que presentan sus declaraciones patrimoniales, pero no autorizan que se transparente su contenido.De acuerdo con la organización Data Cívica, que analizó la información de 340 mil servidores, y que se encuentra en el portal Declaranet, siete de cada 10 prefirieron no dar a conocer estos datos.Entre ellos están Gloría Judith Rojas, de la Sedesol; Javier Guízar, de la Sagarpa; Gabriela Vázquez, de la Profeco, y Flavio Humberto Bernal Quezada, del ISSSTE.Data Cívica advierte que esta práctica se incrementó en los últimos años. Es el caso del delegado del IMSS, Marcelo Castillero Manzano, quien de 2002 a 2016 quiso revelar su informe patrimonial. Sin embargo, el año pasado optó por reservarlo.Quienes aceptaron hacerlo son Salvador Fernández Ayala, titular del Centro Jalisco de la SCT, y José Luis Mata Bracamontes, de la Segob.La posibilidad de que esta información sea pública está en el limbo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, aprobada como parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dejó abierta la alternativa de negar el acceso cuando se considere que puede afectar la vida privada o se trate de datos personales.Para la presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso local, Pilar Pérez Chavira, la falta de definición de los formatos que se usarán a nivel nacional para presentar las declaraciones patrimoniales mantiene frenados los trámites para incluir la información de miles de burócratas en la Entidad.La legisladora recordó que, tras las reformas a la Ley de Responsabilidades, está situación quedó pendiente hasta que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ponga de acuerdo y publique los que se emplearán.Pérez Chavira destacó que, si se alarga esta decisión, se pueden generar problemas en la presentación de los datos de funcionarios federales, estatales y municipales que concluirán su encargo entre septiembre y diciembre de este año.Sin embargo, precisó que los burócratas que lleguen con los nuevos gobiernos están obligados a remitir sus declaraciones iniciales. Además, la integrante del Partido Acción Nacional (PAN) agregó que, si no se llega a un acuerdo, también tienen que hacerlo los servidores públicos que fueron omisos en el ejercicio 2016. Ellos deben usar los anteriores procesos.La organización civil Data Cívica dio a conocer un informe en el que señaló que siete de cada 10 funcionarios funcionarios (el portal Declaranet aglutina los datos de 340 mil servidores públicos) prefirieron no dar a conocer su información patrimonial.Entre ellos están Gloría Judith Rojas, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Javier Guízar, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa); Gabriela Vázquez, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); Flavio Humberto Bernal Quezada, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y Marcelo Castillero Manzano, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien el año pasado optó por reservarlo.La agrupación Data Cívica advierte que con los esquemas anteriores no existe la certeza de que la información disponible en el portal Declaranet sea correcta, pues se detectaron casos de formatos llenados con información falsa, como un funcionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que tecleó como nombre “AAAADD” y el resto de los apartados los completó con combinaciones de letras y números sin sentido. A nivel federal, la SFP debe revisar la evolución patrimonial de cada funcionario y evaluar si corresponde con sus ingresos.
