Luego que se diera a conocer el amparo definitivo otorgado al concesionario de Plaza de los Mariachis, la síndica del Ayuntamiento de Guadalajara, Bárbara Casillas indicó que ninguna decisión de un juez está por encima de los reglamentos.Explicó que aunque el restaurante regrese a la zona tendrá que someterse a los reglamentos de giro y a los planes parciales vigentes.“Cualquier giro que se realice en la ciudad tiene que cumplir con los reglamentos, ninguna sentencia está por encima de la ley”, señaló al defender el actuar del municipio.“Plaza de los Mariachis estaba abandonada, ocurrían cosas que no propiciaban la sana convivencia, no se cumplían con normas y reglamentos y los mariacheros estaban inconformes por la manera en la que funcionaba este lugar. Esta administración realizó una revisión a la plaza en enero de 2016 en el que se clausuró este lugar que no podía quedar al margen de la ley".El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región otorgó un amparo definitivo a favor de Gustavo Ruiz Velasco Nuño e invalidó el desalojo y las actas de verificación que derivaron del retiro del establecimiento de la vía pública y dejó sin efecto el decomiso de mobiliario y bienes. Además determinaron que el municipio deberá restituir la posesión del lugar.En la sentencia se determinó que no hubo sustento jurídico alguno para realizar el desalojo toda vez que, al tratarse de una concesión, el negocio no necesitaba licencia para el comercio en la vía pública si no una licencia de giro con la cual sí contaba y estaba vigente al momento del operativo.Casillas explicó que aún no han sido notificados de la sentencia y que, por lo tanto, no conocen su contenido. Aunque señaló que si efectivamente se trata de un amparo definitivo, el municipio ya no puede impugnarlo y tendrá que acatar la decisión del juez.Respecto a la devolución del mobiliario, la síndica explicó que todos los bienes decomisados siguen bajo resguardo del municipio.La síndica señaló que todavía hay otras acciones jurídicas pendientes de resolver como una denuncia penal en contra de los particulares que ostentan posesión de la plaza por fraude procesal y falsedad de declaraciones en otro juicio que comenzó en el 2012 para obligar al municipio a firmar la concesión que aprobó el Cabildo en 2009. Así como una queja administrativa en contra de un magistrado por admitir una prueba que no obraba en el expediente original.Señaló que además, asociaciones de mariachis promueven recursos para que la plaza no sea explotada por un particular.Indicó que la sentencia no es impedimento para continuar con las obras de rehabilitación del espacio que cuentan con una inversión de 3.5 millones de pesos. Señaló que a finales de febrero estarían concluidas.DJ
