Luego de un proceso que se entorpeció con un amparo y una suspensión judicial, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar rindió protesta en el Congreso del Estado como el primer titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.Sin embargo, minutos después de hacerlo recibió su primer encargo: Consuelo Robles Sierra, legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), le entregó una denuncia por presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y señaló como responsable a su ex titular, Antonio Cruces Mada, de quien se presume incurrió en delitos como abuso de autoridad, desvío de recursos y aprovechamiento indebido de funciones.Robles Sierra sostuvo que la querella que presentó, y que está firmada también por Salvador Caro, Augusto Valencia y Alejandro Hermosillo, tiene validez jurídica, pues De la Cruz Tovar ya había asumido funciones y tiene las facultades legales para que sea el primer caso que atienda.“Le estamos pidiendo que inicie las investigaciones y auditorías correspondientes a la Secretaría de Salud Jalisco por diversos hechos: el desabasto de medicamentos, la maternidad López Mateos, así como las medicinas caducas que se presentaron y todo lo que resulte en esta auditoría que tiene que ser exhaustiva”, detalló.Al respecto, el fiscal señaló que, aunque llega al cargo aún con limitaciones de estructura y presupuesto, eso no impide que empiece con su trabajo y revise lo que le presentaron los legisladores de MC.“Me acaban de presentar la primera denuncia que obviamente será la primera que empezaremos a analizar. No es lo adecuado, no es lo común que se presente la denuncia directamente al fiscal, yo la recibí y hay un efecto legal en esto. Debemos tener presente que el hecho de que se denuncie algo no quiere decir que sea el delito ya”, comentó.Además, insistió en que no tiene facultades para atraer las denuncias que se hayan presentado anteriormente y descartó que pueda intervenir en la revisión que se hace actualmente al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal).Ayer, el Legislativo retomó la sesión abierta desde diciembre pasado, cuando con 30 votos a favor nombró a De la Cruz, quien no pudo tomar el puesto por una suspensión judicial.Antes de la toma de protesta se dio cuenta de que aprobó los exámenes de control de confianza, según el informe presentado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que cubrió el último requisito para obtener el nombramiento.La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado comienza de cero y en sus primeros pasos tendrá que concretar aspectos elementales como definir su estructura administrativa, personal con el que contará, donde se ubicará su sede y que se apruebe la ley orgánica que regule su funcionamiento.El titular, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que en los próximos días presentará su propuesta para dar forma a la dependencia; adelantó que la primera medida será integrar tres agencias de Ministerio Público para dar seguimiento a las investigaciones, detalló que el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción intervendrá en las designaciones de los titulares de las agencias.El fiscal anticorrupción informó que se les asignó un presupuesto de 20 millones y seis plazas de personal por lo que considera que requerirá una ampliación. Sobre las instalaciones que ocuparán comentó que no estarán en la sede de la Fiscalía General en la Calle 14 y revisan dos posibilidades de ubicación.“El presupuesto que se aprobó fue de arranque, porque cuando se determinaron ese número de plazas y esa cantidad de dinero ni siquiera se sabía quién iba a ser el fiscal y ni siquiera se sabía cuáles eran los planes que el fiscal pretendía impulsar entonces desde luego que si es necesario, habrá ampliaciones de presupuesto”, precisó. En el presupuesto estatal se etiquetaron 40 millones de pesos y 16 plazas para comienzo del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ).El funcionario confirmó que se reunió con el gobernador, quien le manifestó su apoyo para que cuente con los elementos materiales necesarios para echar andar la nueva Fiscalía. Por única ocasión el nombramiento del zar anticorrupción será por ocho años, los siguientes periodos serán por siete años.La diputada Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión Especial Anticorrupción, señaló que la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción es uno de los pendientes que debe resolver el Congreso para garantizar su autonomía de gestión. La legisladora argumentó que la falta de este marco legal no compromete el funcionamiento de la Fiscalía pues sus atribuciones y facultades están consideradas en la Constitución y en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado.LA VOZ DEL EXPERTOJorge Tejeda Montaño, (académico del ITESO)Presentar a la brevedad el plan de trabajo para una institución que arranca y conformar un buen equipo de trabajo son los primeros retos que tendrá que resolver el fiscal anticorrupción, subrayó Jorge Tejeda Montaño, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.Destacó que es clave que se rodee de personal capacitado y planteó que en los primeros 100 días de la Fiscalía debe tener su plan de acción con objetivos definidos y claros. Añadió que a mediano plazo el zar anticorrupción deberá profundizar en las primeras investigaciones de las denuncias que reciba.“El fiscal anticorrupción es un funcionario nuevo, en una dependencia nueva que antes de empezar ya tiene trabajo atrasado, es decir hay una gran cantidad de asuntos pendientes en el Estado que le llegarán a su oficina. El reto a largo plazo que tiene es el de dar resultados, hacer las primeras acusaciones y sostener los procesos penales por actos de corrupción”, comentó.El académico destacó que Gerardo de la Cruz llega al cargo de fiscal anticorrupción con credibilidad y respaldo social con lo que su principal reto a largo plazo será mantener esa confianza y dar frutos.El Congreso del Estado recibió la notificación de que Mara Robles Villaseñor, integrante de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción, renunció al puessto que ocupaba en ese organismo. La rectora del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara deja el cargo, que es honorario, pues es precandidata a diputada de Movimiento Ciudadano. En el oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, Hugo Contreras, la académica refiere que desde el pasado mes de diciembre notificó a todos los integrantes de la Comisión sobre su decisión de buscar un cargo de elección popular y pidió que no se le incluyera más en las reuniones.La diputada Pilar Pérez, presidenta de la Comisión especial Anticorrupción, informó que tras la notificación el Congreso tendrá que preparar la convocatoria para ocupar la vacante pues en los próximos meses los nueve notables que integran la comisión selectora deberán preparar el primer relevo de un integrante del Comité de Participación Social.“Ella ha sido una activista política en todos los tiempos, no es una sorpresa. El asunto es por cuanto tiempo se comprometía a estar desde la perspectiva social y representación ciudadana sin afiliación y trabajo político partidistas”, planteó.La legisladora afirmó que no se puede limitar el derecho a participar por un cargo público a quienes forman parte de la estructura del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ), pero dijo que no pueden estar en las dos partes a la vez. De acuerdo con la ley del SAEJ, en caso de que se generen vacantes imprevistas en la comisión selectora el proceso de designación de un nuevo integrante, no podrá exceder el límite de 90 días y quien resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.
