El Gobierno Federal debe reenfocar la forma como está abordando la llegada de flujos migratorios en la frontera sur y no verlo como un tema de seguridad, sino atenderlo desde la perspectiva de derechos humanos, afirmó Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Durante su participación en la Mesa Binacional para la Reforma a la Ley de Protección y Atención de los Migrantes en el Estado de Jalisco, que se realizó en el Congreso estatal, Hernández Barrón dijo que el estado no es ajeno a esa crisis y también debe reforzar su política de atención con mayor inclusión social y partiendo de la base de que ninguna persona es ilegal."Atenderlo desde una perspectiva de derechos humanos, creemos que el abordaje que se está haciendo desde el ámbito federal debe enriquecerse, porque se hace desde un enfoque de seguridad pública y esto no es lo adecuado. Estamos hablando de personas que deben tener a salvo sus derechos y libertades mínimas, que debe garantizárseles su dignidad y por eso debe haber un enfoque de inclusión social. Lo mismo que hemos pedido durante años para nuestros connacionales en el extranjero, es lo mínimo que se debe ofrecer y garantizar a quienes vienen en una situación similar al territorio nacional", expuso.El ombudsman detalló que, además de los flujos migratorios y la atención a connacionales deportados, se debe considerar la migración de personas dentro del territorio nacional al ser desplazadas de sus lugares de origen por violencia o pobreza; subrayó que en la Entidad se presenta este tipo de movimientos poblacionales en diferentes comunidades. Apoyó que se reforme la legislación local para superar la estigmatización social y evitar la discriminación; dijo que es una tarea de todos los sectores de la sociedad.La coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso estatal, Érika Pérez García, que convocó a la mesa para reformar la legislación estatal sobre migración, puntualizó que se requieren cambios por la constante evolución del fenómeno y para dar mayor atención a hechos como la deportación de connacionales con apoyos para reincorporarse a sus comunidades de origen.La actual Ley de Protección y Atención al Migrante se aprobó en 2016 y motivó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque en la legislación se incluyó la obligación para que las personas en paso tuvieran que identificarse y pudieran ser detenidas por cualquier autoridad estatal o municipal. Los ministros de la SCJN invalidaron ese artículo.JM
