Las criptas para los cuerpos de personas sin identificar que se proyectaban construir en la zona de El Vado, en Tonalá, se encuentran prácticamente en el limbo, pues la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) suspendió temporalmente las obras mientras que el proyecto no sea socializado entre los vecinos que se oponen a éste. El problema es que tanto el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) como la Fiscalía General del Estado señalan que la responsabilidad es del otro.El director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, fue enfático en que la tarea de ellos es realizar los peritajes y autopsias a los cuerpos, pero su labor ahí concluye por lo que es la Fiscalía la que debe resguardar los cadáveres.“Nosotros solamente somos peritos, los cadáveres que hemos tenido en resguardo es solamente porque la Fiscalía es la que quita y da los mismos cuerpos. Ahí no tenemos nada que hacer porque la Fiscalía es la responsable del destino de los cuerpos”.Y al consultar a la Fiscalía, la dependencia insistió en que el resguardo de los cadáveres también al instituto.De acuerdo con el Artículo 20 del Reglamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, son atribuciones del Servicio Médico Forense llevar el control de la admisión y entrega de los cadáveres sujetos a estudio por el personal de dicha dirección. No menciona su almacenamiento.Mientras la Ley de Atención a Víctimas señala en su Artículo 89 que corresponde al Ministerio Público advertir la prohibición de cremar un cadáver cuando lo amerite el desarrollo de la investigación.El pasado viernes, vecinos de ocho fraccionamientos de El Vado se manifestaron para oponerse a las obras de construcción de las criptas forenses en las que serían inhumados unos 800 cuerpos con el argumento de que habrá malos olores; lo anterior, pese a que el fraccionamiento más próximo se halla a un kilómetro de distancia.Este lunes se volvieron a manifestar en la Presidencia municipal de Tonalá, donde las autoridades que los recibieron les explicaron que el terreno ya se había entregado en comodato al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo que a ellos no les competía cancelar el proyecto.
