En febrero de 2017, Alondra obtuvo una orden de protección a través del Centro de Justicia para las Mujeres. Un mes después la encontraron sin vida en el interior de su domicilio, en Tlajomulco.Para Nancy Arias, su madre, el asesinato de Alondra ocurrió porque la medida que le brindó el Estado para su seguridad no tuvo un seguimiento adecuado.“Cuando ella fue a poner la denuncia para que le dieran la orden de protección, me dijo que dio mi número para que se pusieran en contacto con ella. Tenía miedo de que él (el agresor) supiera, pero nunca le hablaron para darle seguimiento. Estoy consciente de eso porque yo nunca recibí ninguna llamada de nada. Después de que pasaron los hechos me di cuenta de que nunca se ejecutó”, dijo Nancy.Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la Fiscalía indicó que durante 2017 se emitieron 12 mil 709 órdenes de protección. En comparación, en 2015 se entregaron mil 285: una décima parte.De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estas órdenes son actos de protección de aplicación urgente. Deberán otorgarse una que vez que se dé a conocer la existencia de hechos o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.La titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Érika Loyo, destacó que una de las fallas en los protocolos es la falta de coordinación entre las autoridades estatales y municipales en el seguimiento de estos casos.La funcionaria resaltó que la atención debe extenderse a otros municipios y no sólo implementarse en el que vive la mujer, pues también existen riesgos cuando se traslada a otros espacios.Por otra parte, Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco, indicó que también debe considerarse notificar al presunto agresor para que esté enterado de que, si algo le sucede a la persona, él sería el principal sospechoso.La coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos, coincidió con Loyo y señaló que no existe una estructura orgánica, dentro de los entes encargados, que asegure la efectividad de estas acciones.“El sólo papelito que les dan no significa nada, nosotros tenemos bastantes casos de mujeres que fueron por una medida de protección y nunca recibieron ningún apoyo o ayuda”, añadió Ramos.
