De septiembre pasado a la fecha, cuatro políticos jaliscienses han sido asesinados en las regiones Costa, Costa Sur, Sur y Sureste del Estado. Esos puntos donde ocurre la violencia política coinciden con los homicidios del proceso electoral 2018. Este año, la Fiscalía Estatal investiga la desaparición del candidato de Mezquitic por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Álvaro Madera López; el asesinato de la precandidata de Cuquío por el Partido Acción Nacional (PAN), Analuci Martínez Saldívar, y la desaparición y homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) de Casimiro Castillo, Carlos Alfredo Sevilla Cuevas. Además, indaga todavía el asesinato en el municipio de Puerto Vallarta del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, registrado a finales del año pasado.Durante el proceso electoral 2018 se reportaron cuatro homicidios: tres de precandidatos a las alcaldías de Casimiro Castillo, Tomatlán, Jilotlán de los Dolores y a un coordinador de MC en La Huerta.Las regiones de la Costa y el Sur de Jalisco son territorios estratégicos para los grupos criminales, tanto para la producción de drogas como el abastecimiento de precursores.Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), expuso que, por lo anterior, ambas zonas son territorios de riesgo para los aspirantes a cargos públicos locales.Puerto Vallarta, con la muerte del exgobernador, se convirtió en un municipio de riesgo junto con Casimiro Castillo, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación. Y hacia el Sur, por la cercanía con Michoacán, las localidades de Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Tuxpan, Tonila, Tonayan y Ciudad Guzmán también resultan afectadas por la disputa del control de cuatro grupos delictivos.“En el territorio municipal el político busca tener mayor control y, al mismo tiempo, el crimen es donde está más inmiscuido”, dijo.Debido a que se han detectado focos de riesgo por violencia política en el Estado, la coordinadora del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Mónica Montaño Reyes, destacó que los candidatos deberán contemplar “que si son oposición o si van a desafiar el partido en el poder, corren más riesgo”.Lo anterior está sostenido por el estudio “En campaña, ¿qué patrones muestran los asesinatos de políticos en México en los comicios de 2018?”.Agregó que, en México, las víctimas de violencia política durante las precampañas son los novatos o los perfiles nuevos y durante la campaña, las víctimas son políticos experimentados.En el libro “Votos, Drogas y Violencia”, Sandra Ley y Guillermo Trejo documentaron que, entre 2006 y 2014, 80% de los ataques contra políticos, autoridades públicas y candidatos eran actores a nivel municipal, “donde el crimen organizado puede y quiere incidir en los procesos electorales”.Otra interpretación de Montaño Reyes es lo que podrían representar los asesinatos: la resistencia a negociar y vincularse con el crimen organizado. Durante el actual proceso electoral, Etellekt Consultores registró al menos 205 agresiones en contra de personas políticas en México, con un saldo de 55 víctimas de homicidio doloso; 14 de ellas eran aspirantes a puestos de elección.En Jalisco, las regiones Costa y Sur han registrado cuatro asesinatos y desapariciones de políticos en lo que va del proceso.Abandonar candidaturas, otro riesgoOtro riesgo de la violencia política es la renuncia de precandidatos preparados, y que éstos no se inscriban como candidatos, lo que dejará el camino libre a personajes de bajo perfil o con ligas con el crimen organizado, según el consultor en seguridad, Eduardo Guerrero Guitiérrez. El PRI Jalisco, por ejemplo, renunció a candidaturas por alcaldías en Jilotlán de los Dolores y Tecalitlán.SEPARAR PODER PÚBLICO DE CRIMINALESEn Jalisco, el homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz llamó la atención, pues desde 1889, con el magnicidio del gobernador Ramón Corona, no se había reportado un hecho similar en la Entidad.Al interior del Estado, los candidatos y políticos en funciones están ante el dilema de cuidar su vida y responder a las demandas de los criminales, pues una resistencia a éstas se cobra con la vida, afirmó la investigadora Mónica Montaño.Llamó la atención de las relaciones públicas entre el poder político y el poder criminal. Esto por el saludo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “Chapo” Guzmán.El consultor en seguridad, Eduardo Guerrero Guitiérrez, consideró que los homicidios de candidatos ya no son casos especiales, sino sistemáticos. El Gobierno federal anunció el refuerzo de zonas de riesgo y mesas de seguridad que contemplan un plan para cuidar a los candidatos. Se busca evitar que sean atacados, amenazados o cooptados por la delincuencia organizada, un riesgo latente en diversos estados del país.GUÍAMuertes de aspirantes
