Dos personas fueron vinculadas a proceso por supuestamente apropiarse de cerca de 350 mil pesos destinados a la capacitación de asilos de ancianos y casas hogar en el estado de Jalisco.José Ricardo “N” y José Ramón “N”, quienes ocupaban los cargos de administrador general y apoderado general en la empresa RD, Servicios Fiscales y Patrimoniales, enfrentan cargos por el delito de peculado. El Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, dictaminó su vinculación a proceso durante una audiencia celebrada en los juzgados de Puente Grande.El delito de peculado, según el Código Penal del Estado de Jalisco, se aplica a cualquier persona que, sin ser servidor público pero estando obligada a custodiar, administrar o destinar recursos públicos, los desvíe para su uso personal o ajeno o les dé un destino diferente al que se les asignó.Como parte de las medidas cautelares, el juez determinó que los imputados deberán presentarse para firmar cada mes durante un periodo de seis meses, y no podrán abandonar el país sin autorización judicial.Según la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en febrero de 2018, la empresa RD, Servicios Fiscales y Patrimoniales firmó un convenio con la entonces Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) para brindar capacitación en materia contable y financiera a 25 asilos y 25 casas hogar entre febrero y noviembre de 2023. En marzo de 2018, se realizó el pago de 345 mil 500 pesos a la empresa por parte de la Sedis, y el 31 de octubre del mismo año, José Ricardo “N” y José Ramón “N” presentaron a la Sedis documentación supuestamente comprobatoria de la realización de los cursos y firmaron un acta circunstanciada sobre la finalización del proyecto.Sin embargo, en 2021, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, que reemplazó a la Sedis, detectó irregularidades y presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Las investigaciones posteriores demostraron que los cursos de capacitación no se llevaron a cabo, lo que causó un perjuicio a la sociedad y al erario público. La carpeta de investigación fue judicializada como resultado de estas conclusiones.El caso destaca la importancia de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos destinados a programas de capacitación y asistencia social, y subraya la necesidad de tomar medidas enérgicas contra la corrupción. CT
