El pasado 27 de octubre Eduardo y su amiga Carolina salieron a divertirse. Tomaron algunas copas, pero consideraron que ella había tomado menos que él, decidiendo que ella condujera de regreso. En el camino cayeron a un retén del Torito. Carolina solo había tomado un par de tequilas, y aun así dio positivo en la primera prueba; entonces vino la corrupción. La oficial le dijo a la joven y a Eduardo que, si pasaban a la segunda prueba para medir la cantidad de alcohol en sangre, y superaban los niveles permitidos, les aplicarían una multa de 14 mil pesos, pero que “podían arreglarse para que no tuvieran que llegar a eso”. Si les daban tres mil pesos les dejarían ir con todo y vehículo. Ellos dijeron que no, que era mucho dinero, que pasarían a la segunda prueba. Ahí vino la segunda inconsistencia: la oficial que había aplicado la primera prueba preguntó que “a quién le harían el segundo test”, cuando ella sabía bien que quién conducía era Carolina. Eduardo pidió que se lo hicieran a él para evitar poner en riesgo a Carolina y así garantizar que ella no pasara la noche en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) en caso de que no pasara. Las oficiales sabían que de esta forma no obtendrían dinero alguno, pues además si le hacían la prueba a Carolina, quien conducía al momento de la primera prueba, probablemente ni siquiera alcanzaría una multa. Las agentes insistieron en el dinero, e incluso les dijeron que recibían transferencia. Ellos contestaron que solo tenían mil pesos en su tarjeta, pero para ellas era “muy poco”. Tras negociar, Eduardo y Carolina cedieron a la corrupción cuando las oficiales aceptaron que les transfirieran los mil pesos a una cuenta STP, una fintech financiera que funciona como una banca en una plataforma externa a un banco. Hoy Eduardo está reuniendo la información para presentar su denuncia. Tras hacer la transferencia las oficiales los dejaron ir sin hacerle la prueba a ninguno de los dos. Al respecto, la Secretaría de Seguridad del Estado, a cargo de la Policía Vial, informó que hasta la fecha no se cuenta con ninguna denuncia al respecto, como tampoco lo registra la Dirección de Asuntos Internos. Añadió que, para garantizar que los operativos Salvando Vidas se lleven a cabo en apego a las normas, todas y todos los policías que forman parte de las actividades operativas de la Comisaría de la Policía Vial están obligados a presentar los exámenes de control y confianza que exige el Sistema Nacional de Seguridad de Pública. "Asimismo, se lleva a cabo una supervisión general y visitas aleatorias de inspección de parte de la Dirección de Asuntos Internos y personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para garantizar que el personal actúe conforme a lo que establece la ley, incluso se implementa un control de monitoreo con dispositivos de videovigilancia como respaldo de la actuación de las y los policías", aseveró la dependencia. Por su parte la Fiscalía Anticorrupción informó que investiga a un total de 175 policías viales por presuntos actos de corrupción, abuso de sus funciones o abusos de autoridad, aunque no especificó cuántos de los casos podrían estar relacionados específicamente con el Operativo Salvando Vidas. “¿Porque Jalisco es el Estado que mejor combate la corrupción en México? Porque en cinco años pasamos del lugar siete al 26 en la tasa de casos de corrupción a nivel nacional; porque manejamos con honestidad, eficacia y transparencia el presupuesto público; porque tenemos el sistema anticorrupción mejor evaluado de todo México; porque somos los más transparentes y los que más solicitudes de acceso a la información pública respondemos en todo el País. Porque aquí contra los corruptos, ni perdón ni olvido”, dijo el Gobernador de Jalisco en uno de sus videos compartidos esta semana para promover su quinto informe de Gobierno. La historia de Sergio confirma que la corrupción ha llegado al Torito. En abril pasado el joven conducía sobrepasando había conducido con algunas copas de más y cayó en un retén del operativo "Salvando Vidas". La primera prueba, de detección de alcohol en el aliento salió positiva, por lo que la oficial procedió a pasarlo al segundo test. No era la primera vez, en dos ocasiones anteriores había caído ya en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), por lo cual sabía que si caía una tercera podrían cancelarle la licencia de conducir. Entonces, aun sin saber el resultado de la siguiente prueba, se arriesgó a "llegar a un acuerdo" con la agente para que no se la aplicaran, ella accedió y le pidió cuatro mil pesos. Él se los dio. Solo tomó sus datos y lo dejó ir con todo y su vehículo. "Reconozco que hice mal, pero en ese momento me dio miedo perder mi licencia porque la uso para trabajar. Sé que parte de la corrupción somos quienes nos prestamos a ella, no me excuso, pero lo hice porque sé que los policías viales tienen la fama de aceptar mordidas, y pues sí fue así. Luego entendí que las cosas no deben ser así, si no quiero ser parte de la corrupción tampoco debo conducir así, ahora cada que tomo me voy en taxi de plataforma, pero pues yo ya no confío en el torito", dijo Sergio. En Jalisco los policías viales o agentes de tránsito son la autoridad en la que menos confían las y los ciudadanos. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Seguridad Pública Urbana del INEGI presentada en septiembre pasado, las y los policías viales tuvieron en mayor porcentaje de desconfianza: según los datos, un 20% de las y los jaliscienses dijeron tener "mucha desconfianza" de este tipo de autoridad, seguido de las policías municipales, que concentraron un 18%. De hecho, el nivel de desconfianza en las y los agentes creció en los últimos tres años, pues al corte de 2020 el nivel de desconfianza en ellas y ellos eran entonces de 17%. Según la más reciente encuesta del INEGI, en el tercer puesto se colocó la Policía Estatal, con un 17% de jaliscienses quienes dijeron tener "mucha desconfianza" por parte de esta corporación. En contraste, la Marina y el Ejército fueron las autoridades en las que más confían las y los ciudadanos en el Estado, con 53% y 45% respectivamente. Al respecto la Secretaría de Seguridad, a cargo de la Policía Vial, informó que desde la dependencia se cuenta con una política de “cero tolerancias” a los actos de corrupción, no solo los policías viales, sino todo el personal operativo de la institución es supervisado en sus actividades para evitar cualquier tipo conducta que no sea compatible con las funciones que se le confieren por ley. “Los casos que han sido detectados sobre algún procedimiento inadecuado, son canalizados a las áreas correspondientes en donde se llevan a cabo investigaciones para determinar la responsabilidad y en caso de que se compruebe, se implementan las sanciones correspondientes según el reglamento interno de la institución y se da vista a las autoridades competentes, en caso de la posible comisión de un hecho delictivo”, indicó la Secretaría. Un caso más que ejemplifica que la corrupción llegó al operativo Salvando Vidas es el de Elba. El pasado 29 de octubre cayó en un dispositivo del “Torito” ubicado sobre la Avenida Vallarta, a la atura de la plaza comercial de la avenida San Ignacio. Salió con alcohol en el primer filtro, por lo que la pasaron al segundo. "Las oficiales fueron muy intimidantes a la hora de que me revisaron, incluso me revisaron el cuerpo como para ver si traía armas o algo escondido, cuando entras a los antros. En el segundo filtro salí con 0.31 grados de alcohol y me dijeron que ameritaba multa", contó. La oficial que la revisó nunca se presentó, pero le preguntó si "quería apoyo" porque en su opinión "era un exceso la cuota de la multa". "Me dijo que serían entre 18 y 20 mil más la sanción. Cuando le pregunté qué tipo de apoyo me preguntó que si traía efectivo y cuando le dije que no me dijo que podía hacerle una transferencia de cuatro mil pesos. La verdad sí pagué. No estoy orgullosa, pero me sentí muy intimidada y me asusté mucho, por eso les transferí", dijo Elba. Pese a que la Secretaría de Seguridad del Estado asegura que no cuenta con alguna denuncia por presuntos casos de corrupción en el operativo “Salvando Vidas”, para Jesús Ibarra, académico de la maestría en Política y Analítica Públicas del ITESO, ante la constante en los testimonios sobre oficiales de la Policía Vial quienes pidieron dinero por dejar ir a las personas conductoras, el Órgano Interno de Control debe iniciar una investigación de oficio para detectar desde dónde viene la corrupción, es decir, si se trata de algún grupo de oficiales quienes deliberadamente solicitan el dinero o si se trata de instrucciones de mandos superiores. “Iniciaron presumiendo que las y los oficiales que lo conformaban eran muy honestos y que había rendición de cuentas, y por eso se les dio la confianza por parte de la ciudadanía. El perder esa confianza sería muy lamentable, porque se trataba de una política pública exitosa, de las pocas que a lo largo de las administraciones se había mantenido con buenos resultados, pues además no es el único caso relacionado con corrupción en la Policía Vial, ya que también han tenido conflictos con grúas, que no han podido ser solventados”, dijo el especialista. “Estos casos demuestran que se está dando con mucha frecuencia, y esto quiere decir que cada que se está liberando a una persona alcoholizada es como si se estuviera dejando libre a un potencial homicida por una mordida, poniendo en peligro al resto de personas integrantes de la movilidad”, dijo por su parte Mario Córdova, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable (IIMUS) de la Universidad de Guadalajara. Indicó también que este solo es un punto más que expone la urgencia de que el programa sea reanalizado, considerando además que hoy día existen decenas de cuentas y grupos de mensajería y redes sociales donde se comparten las ubicaciones de los operativos en busca de evadirlos. Por ello, ambos especialistas coincidieron en que estos casos ejemplifican la necesidad de emprender una renovación a la política pública que lleve a su mejor operación, además de que es necesario que la ciudadanía denuncie cuando este tipo de situaciones ocurran (aun si cedió al acto de corrupción) para que se puedan generar las sanciones correspondientes a las y los oficiales, e incluso, de ser el caso, a los mandos involucrados. El Programa Salvando Vidas, conocido como “Torito”, inició formalmente en noviembre de 2013 en Jalisco, con la intención de reducir las muertes por la combinación del volante y el alcohol. Fue constituido principalmente por mujeres oficiales debido a que, según estudios sociológicos, las mujeres son menos propensas a la corrupción, además de que en el caso de Jalisco "las oficiales no tenían la mala percepción que cargaban los agentes varones" según llegó a señalar el entonces gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval. Hoy, ante los casos dados a conocer, queda por sentado que en ocasiones no se trata del género, sino de las prácticas arraigadas de una corporación. Alma Chávez, de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, indicó que se ha documentado que la corrupción ha ido en aumento en toda la Policía Vial, y ante ello el operativo "Salvando Vidas" no logra salvarse. Dijo, la administración estatal está imposibilitada para acabar con dicha corrupción, pues por una parte tiene un déficit de agentes, mientras que por otra ha relajado las medidas para garantizar que los oficiales operen en la impunidad, incluso en el "torito", estrategia que se había ganado la confianza de las y los ciudadanos gracias a los resultados. Ante ello, dijo, es necesario que las autoridades estatales metan lupa a la estrategia para garantizar que siga cumpliendo sus objetivos sin caer en prácticas de corrupción y cohecho, además de que debe impulsarse una estrategia para motivar a la ciudadanía a reportar y denunciar los casos en los cuales los agentes viales abusen de su poder o soliciten dinero a cambio de favores. "La recomendación al gobierno es sencilla: que no descuide la única política pública de siniestralidad vial qué tuvo resultados positivos en Área Metropolitana de Guadalajara", dijo Alma Chávez. Para Roberto Ulises Estrada Meza, integrante del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable (IIMUS) de la Universidad de Guadalajara, para poder erradicar los actos de corrupción como este tipo de acciones es necesario tecnificar a las y los agentes quienes desarrollan los operativos, además de la posibilidad de clocarles cámaras en los chalecos, como ocurre en los Estados Unidos. También, dijo, podría considerarse que las licencias de conducir tengan un sistema trazable para que quede huella de las infracciones por esa causal y que quede récord, además de considerar auditorías Independiente a la policía vial: contratar a una entidad independiente para auditar y supervisar las operaciones de los puestos de control de alcoholemia. “Esto ayudaría a prevenir prácticas corruptas y aseguraría que las detenciones y multas se realicen de manera imparcial y efectiva”. Al respecto de este tipo de hechos la Fiscalía Anticorrupción ha instado a la ciudadanía para que pueda acudir a presentar su denuncia oficialmente a sus instalaciones, ubicadas en Amado Aguirre 857, en la colonia Jardines Alcalde, donde deberán presentar toda la información posible sobre el hecho, como característica de los oficiales involucrados, número de unidad y placas, así como hora y cruces sonde sucedieron los hechos. También pueden llamar al 33-1653-7783 y al 33-1653-7784, extensión 301. Por su parte, la Secretaría de Seguridad informó que la ciudadanía cuenta con mecanismos de denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en la misma Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección de Asuntos Internos, que pone a su disposición tres modalidades de denuncia acudiendo a las oficinas del área en las instalaciones que se ubican en Av. Circunvalación División del Norte SN, al cruce con la avenida Alcalde. También puede realizarse el reporte respectivo al número 33 3819 2400, extensiones: 17225; 17319; 17909; o bien 3. Enviando un correo electrónico a direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx. Abraham es otro de los casos en los cuales se le pidió dinero para no ser enviado al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), aunque su caso data del 2021. Volvía de las celebraciones decembrinas cuando cayó en un punto de alcoholemia ubicado en la Pila Seca, en Tlaquepaque. Rebasó el nivel permitido de alcohol en sangre tras la segunda prueba. La oficial en el punto se atrevió a decirle al hombre que a cambio de siete mil pesos podría "perdonarle" enviarlo al centro de retención y le devolvería su auto, sin embargo, a Abraham le pareció excesivo el monto de "la oferta" y prefirió pasar la noche en el CURVA, y le pidió a un compañero de trabajo que le ayudara a sacar su coche del depósito vehicular al que lo enviaron. Nunca denunció porque consideró que las autoridades no le creerían, además de que al no concretar el pago consideró que no tenía como comprobar “la propuesta” de la agente vial. Sin embargo, hay otras personas quienes sí se han armado de valor y han decidido denunciar los hechos de los cuales fueron víctimas, gracias a lo cual l menos siete policías viales han sido vinculados a proceso y llevados a pagar por sus actos por la Fiscalía Anticorrupción, gracias a las personas quienes han presentado sus denuncias y dado seguimiento a los casos. El primero de ellos fue precisamente relacionado con una oficial quien no respetó el protocolo del operativo Salvando Vidas. Se trató de Paola Giovanna “N”, vinculada a proceso el 30 de junio de 2021 por el delito de abuso de autoridad "por no respetar el protocolo del operativo de alcoholimetría Salvando Vidas", y mandar a una persona al CURVA pese a dar negativo a la prueba de alcoholemia. Otra de las vinculaciones se dio el 28 de diciembre 2022, cuando el oficial César Alberto “N” fue enviado a proceso por “abuso de autoridad y delitos cometidos en la Administración de Justicia y otros Ramos del Poder Público” al omitir y falsear información sobre un choque en la carretera Las Palmas-Puerto Vallarta. El 7 de noviembre 2022 se vinculó a proceso a la agente de tránsito Thalía Desirée "N" por el delito de cohecho, ante lo cual fue separada de sus funciones por seis meses "por pedirle a un comerciante cuatro mil pesos para liberar su automotor de una grúa". El 29 de junio de 2022 se vinculó también a los oficiales Flor “N” y Sergio Alejandro “N”, también por el delito de cohecho por haberle pedido dinero a un motociclista para no llevarse su motocicleta a un corralón "por no tener seguro" tras haber participado en un choque, y pese a que había llegado a un acuerdo con la aseguradora del vehículo contra el cual se impactó. Otro caso se dio el 5 de marzo del año pasado, cuando Gabriela “N” y Ariel “N” fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho, por exigirle tres mil 500 pesos a una conductora a cambio de no levantarle una infracción de tránsito, e incluso la acompañaron a sacar dinero para garantizar que se llevara a cabo el pago del dinero. El pasado 2 de noviembre este medio de comunicación dio a conocer que entre enero y septiembre de este año se registraron al menos 870 muertes derivadas de percances de tránsito en el Estado de Jalisco, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta es una cifra récord para este periodo, convirtiéndose en el número más alto para los primeros nueve meses del año desde el inicio de la administración, además de representar un aumento del 72% en comparación con las 505 víctimas derivadas de percances viales entre enero y septiembre de 2019. Si bien el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuenta con información que revela las muertes relacionadas con percances viales, desde esta administración dejó de informar los casos que confirmaban la presencia del alcohol al momento de la muerte. Sin embargo, de acuerdo con análisis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) siete de cada 10 accidentes se relaciona el binomio del alcohol-volante. De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) en México los accidentes automovilísticos asociados al consumo de alcohol son un problema de salud pública que afecta principalmente a personas de 20 a 39 años. Según explica la Conadic, el fortalecimiento de medidas como el alcoholímetro para conductores, llevada a cabo de manera correcta y transparente, inhibe el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas; la evidencia muestra que esta acción "ha contribuido a disminuir 20 por ciento los accidentes de tránsito en los últimos años". La Conadic también recordó que las bebidas alcohólicas reducen el campo visual, los reflejos, producen estado de euforia y exceso de confianza, apreciación errónea de las distancias y de la velocidad. También generan aumento de agresividad e irritabilidad, falta de percepción de señales de tránsito y luces de semáforos u otros vehículos, así como el aumento de sensibilidad a deslumbramientos, por lo cual se insta a las personas conductoras a no conducir bajo el influjo del alcohol, pues todas estas condiciones en conjunto minimizan las capacidades para trasladarse de manera segura para ellas y para las personas con quienes comparten la movilidad, como otras personas conductoras y personas peatonas. CT
