Con publicaciones de auditorías a medias, la ausencia de éstas y la opacidad en sus procesos, los contralores de los diferentes niveles de Gobierno y Poderes tienen un gasto anual de 300 millones de pesos en Jalisco (entre Estado, Ayuntamientos metropolitanos y organismos). Sin embargo, no hay precedente de sanciones ejemplares por las irregularidades cometidas por servidores públicos.Los problemas se concentran en las contralorías internas de las secretarías y organismos estatales, pero sobre todo en los municipios.De acuerdo con el sueldo que se puede observar en el presupuesto dinámico del Gobierno de Jalisco, los contralores ganan 50 mil pesos mensuales en promedio. Sin embargo, las dependencias y organismos han quedado en evidencia por malos manejos en sus procesos.Uno de los casos más sonados fue el de ''los moches'' en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la pasada administración. Aunque había quejas por estas anomalías, la dependencia no realizó auditorías internas entre 2012 y 2018, por lo que no se advirtió de la posible existencia de una red de corrupción, que finalmente fue investigada por la Contraloría del Estado.GUÍA¿Qué son los órganos internos de control?¿Cuál es la estructura mínima con la que deben de contar?¿Cuáles son sus facultades?De acuerdo con una revisión realizada en los apartados de transparencia de las dependencias del Ejecutivo, del Poder Judicial, del Congreso del Estado, de los Ayuntamientos y de los organismos autónomos, se constató que no todos cumplen con los procesos de vigilancia internos que permitan sancionar las malas prácticas de los servidores públicos y combatir la corrupción.Los municipios son los que muestran las mayores deficiencias. Por ejemplo, en el caso de Tonalá, la Contraloría no cumple con publicar los resultados de las observaciones y el seguimiento de las mismas que se realizan en sus auditorías internas. Únicamente se publican oficios de las actas de cierre en los que no se pueden conocer las posibles irregularidades en las que se incurrieron en la aplicación de algunos programas o ejecución de proyectos y obras.En El Salto se aclara que no se han realizado auditorías en los últimos tres años. Y se tienen publicadas sólo siete declaraciones patrimoniales correspondientes a la actual administración, aunque no existen procedimientos administrativos. En Ixtlahuacán de los Membrillos la página oficial ni siquiera está disponible.En Juanacatlán, en el apartado de procedimientos de responsabilidad administrativa, se muestra sólo información de juicios laborales y no de los procesos contra servidores públicos que incurrieron en alguna falta o irregularidad. Además, en materia de declaraciones patrimoniales sólo están las correspondientes al año de 2014 (únicamente de 15 funcionarios).En Zapotlanejo se reporta que en 2017 sólo se realizó una auditoría al Museo del Sitio. Se realizaron observaciones y recomendaciones, pero no se tiene el seguimiento de éstas. Además, se aclara que a la fecha no se han realizado nuevas auditorías.En Tlaquepaque hay oficios donde se señalan observaciones realizadas en 2017, con un término para responder de 45 días, pero ya no aparece el seguimiento. Otro ejemplo: en el caso de la revisión realizada a la Dirección de Cultura, se precisa que hay deficiencias en el control administrativo, en el pago de la renta de espacios, en los ingresos de la escuela de artes plásticas, en patrocinios y patrocinadores, así como en controles de almacén, pero no se aclara si se inició algún procedimiento contra trabajadores.En Zapopan no se pueden abrir los hipervínculos en donde están las recomendaciones realizadasEl Ayuntamiento de Guadalajara fue el único que atendió de manera integral la recomendación realizada por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, para la elección del titular y la operación de la Contraloría Ciudadana.A pesar de que los alcaldes tienen la facultad para elegir a los contralores, en Guadalajara, Ismael del Toro, fue quien decidió que el titular de este organismo fuese elegido por el Comité de Participación Social.El académico del ITESO, Jesús Ibarra, destaca que Guadalajara ''hizo una buena planeación'', al elegir ''un contralor independiente'' que cumpliera con el perfil técnico requerido para ocupar el puesto, además de tener un presupuesto para la operación de esta área.El año pasado, el entonces presidente del Comité de Participación Social, Jorge Alberto Alatorre, remarcó que era saludable que el alcalde renunciara a su prerrogativa de seleccionar al titular de la Contraloría. ''Debería convertirse en la regla''.Sin embargo, a pesar de todas las reformas realizadas desde 2015 a la fecha en materia de combate a la corrupción, aún no se contempla que este tipo de cargos sean seleccionados bajo concurso de oposición.Tampoco hay alguna iniciativa para impulsar que se dé este cambio para lograr que los contralores actúen de manera autónoma. GUÍALa mayoría de las dependencias del Gobierno del Estado cuenta con los contralores que tienen la obligación de desarrollar auditorías internas, durante el proceso de entrega-recepción. Con ese contexto, la Contraloría del Estado ya detectó inconsistencias en nóminas y en el control de deudas en dependencias como la Fiscalía General, el Instituto de Pensiones y el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud. Sin embargo, no hay sanciones ni vinculados a proceso penal. ''Hoy ya no roba una persona… son redes, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso lo tenemos claro'', afirmó la contralora Teresa Brito.De 2016 a la fecha, Brito ha presentado 16 denuncias penales, principalmente por delitos de peculado y desvío. La primera fue el 26 de diciembre de 2016 contra el ex gerente del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), por la compra indebida de Casa Jalisco en Chicago, Estados Unidos. En otras cinco denuncias está involucrado el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), cuatro más corresponden al OPD Servicios de Salud, dos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y una más está relacionada a la Fiscalía General del Estado.En 2017 se presentó una denuncia que involucra al Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome), por la opacidad en los estados financieros que derivaron, en quebranto y daño patrimonial por 498.5 millones de pesos.Finalmente, se acusa de peculado al director administrativo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), por un posible desvío de recursos por 13.4 millones.El pasado miércoles, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Gerardo de la Cruz, compareció ante las comisiones del Congreso de Jalisco para rendir un informe sobre el primer año de gestión. Durante ésta, el zar anticorrupción reportó que sólo hay dos personas vinculadas a proceso y ningún funcionario encarcelado.En 2018, explicó, recibieron mil 456 denuncias y, en 2019, otras 145. El mayor número fue por presunto abuso de autoridad.Actualmente siguen vigentes 882 carpetas de investigación y se han judicializado sólo seis.''Nos queda claro que debemos dar resultados pronto, los números que se ven allí se ven muy malos. No todos van a quedar en la cárcel, lo importante es que estén presentados ante el juez, que estén vinculados, que se les condene…''.Reiteró la petición de reformar el Código Penal para delimitar los delitos que son de su injerencia y frenar que se le turnen denuncias por casos de tortura. REFORMA LOCALAunque desde 2017 se aprobaron las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción en Jalisco, en las que los órganos internos de control son imprescindibles para fortalecer el trabajo de las dependencias en esta materia, la Contraloría de Jalisco aún no pone en marcha estas estructuras en todos los entes del Ejecutivo.Tras una revisión, apenas en enero pasado la Contraloría publicó los lineamientos generales ''de la actuación y desempeño de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública y su coordinación con la Contraloría de Jalisco''.A partir de ese mes, la dependencia comenzó a nombrar a los titulares de estos órganos. A la fecha, sólo 11 cuentan con esta figura, así como 14 en el caso de los Organismos Públicos Descentralizados.Las atribuciones de estos organismos internos son prevenir, corregir y también investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Además, revisar el manejo del erario.También deben contar con una estructura mínima integrada por tres áreas principales en materia de auditoría, de responsabilidades, de evolución patrimonial e investigación. Esta última deberá contar, a su vez, con otra que incluya los indicios por auditorías (quejas y denuncias).En el documento de los lineamientos se destaca que, ''idealmente, y considerando el número de servidores públicos adscritos al ente o entidad pública, y su capacidad presupuestaria, recursos materiales, etcétera, se puede desagregar esta estructura en diversas áreas y sub-áreas''.La mayoría de los titulares de los órganos internos nombrados por la Contraloría ingresó en la actual administración. Por ejemplo, el titular en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana es César Omar Arámbula, quien tiene un sueldo quincenal de 29 mil 322 pesos. Lo mismo sucede en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, donde María de los Ángeles Estrada Muñiz comenzó a cobrar a partir de esta gestión. En la Secretaría de Administración, Josué Navarro Romero está en la nómina a partir de diciembre pasado.En la Fiscalía se nombró a una persona que ya laboraba, por lo menos desde 2017. Sin embargo, se le dejó un sueldo bajo en comparación con el resto de sus homólogos, de poco más de 11 mil pesos quincenales.Estos órganos de control tienen hasta un mes para contar con el resto de la estructura con la que trabajarán para vigilar la operación de la dependencia a su cargo.Este medio solicitó entrevista con la Contraloría de Jalisco para conocer cómo se desarrolla este trabajo, el cual recae en esta dependencia, pues es la responsable de coordinar, nombrar y, en su caso, remover a los titulares. Sin embargo, no fue otorgada por complicaciones de su agenda.Tras una revisión de las publicaciones realizadas por la Contraloría en el Periódico Oficial de Jalisco, de enero de 2013 a diciembre de 2018, la dependencia estatal no había realizado ningún nombramiento de los órganos internos, salvo cambios mínimos de comisarios públicos (órganos de vigilancia), de algunos institutos y organismos públicos. LA VOZ DEL EXPERTOJesús Ibarra Cárdenas (académico del ITESO).Debido a que ya existen las reformas necesarias, el académico destaca que los distintos Poderes públicos deben entender cómo funciona el trabajo de los organismos internos de control para vigilar el funcionamiento de las dependencias y llevar a cabo un combate frontal contra la corrupción.Señala que, desde la elaboración de los presupuestos, deberían tomar en cuenta estas figuras. ''Eso todavía no queda claro. Es un órgano más complejo, pero esa parte todavía no se ha explicado con precisión''.Estas figuras, subraya, son las que realmente están en la trinchera del Sistema Estatal Anticorrupción, ''son las que día a día están atendiendo preguntas, haciendo asesorías, revisando que se cumpla con las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés conocidas, como 3de3. Tienen un trabajo estratégico… están en la vanguardia''.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina del trabajo de los contralores de todos los niveles de Gobierno en Jalisco?Participa en Twitter en el debate del día @informador
