El Congreso local volvió a aplicar un programa de retiro voluntario de personal de base para reducir su nómina.Los diputados etiquetaron 64 millones de pesos (MDP) para el pago de liquidaciones a los que decidan dejar su plaza este año. A los que se sumen se les entregará el equivalente a un año de sueldo más prestaciones de ley. Sin embargo, en la pasada Legislatura se sumaron 24 burócratas en tres años y se pagaron 6.8 MDP en los finiquitos.En lo que va de éste sólo tres empleados han accedido.Dejaron el cargo Samuel Pelayo Paz y José Álvarez Solís, que tenían nueve y ocho años de antigüedad, respectivamente. Al primero le pagaron 481 mil pesos y al segundo 516 mil. Entre polémica, también se autorizó el pago de 401 mil pesos a Samuel López Kim, sobrino de Roberto López, ex secretario de Gobierno.El secretario general del Poder Legislativo, Salvador de la Cruz Rodríguez, explicó que se duplicó el monto de los recursos que les ofrecen para convencerlos. En el anterior intento se ofertaron seis meses de sueldo.Las estrategias de reducción de la plantilla de personal del Congreso local no sólo no han conseguido bajar el número de trabajadores, sino que le han costado millones de pesos (MDP) al Legislativo por los laudos pagados tras los juicios laborales.La Coordinación de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos reportó que de 2015 a la fecha han pagado 177 laudos. Vía ley de transparencia se detalló que han gastado 56.5 MDP en cubrirlos.Además, reinstalaron en su puesto a 61 trabajadores que les ganaron el juicio y actualmente tienen en proceso más de una centena de casos que siguen en litigio.Sin embargo, omiten en la información entregada lo autorizado en febrero pasado por la Comisión de Administración, que avaló la reinstalación y pago de 1.8 MDP a Diana Araceli González Martínez, que figura como diputada suplente en el Distrito 4.
