Para que se hagan al menos tres simulacros al año, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó una reforma a la Ley de Protección Civil estatal en la que establecen la realización de los ejercicios de desalojo de edificios públicos que deberán realizarse con una periodicidad de 120 días naturales entre cada uno.La iniciativa, impulsada por la diputada Érika Ramírez Pérez del Partido Verde, especifica que la medida aplicará obligatoriamente para las dependencias y organismos de la administración pública estatal y de los gobiernos municipales. Les instruyen aplicar las medidas encaminadas a la ejecución de programas de protección civil.Por otra parte, en la sesión del Poder Legislativo se avaló remitir un exhorto al Gobierno Federal para que aplique medidas que garanticen el abastecimiento de medicamentos opioides y la correcta atención de los pacientes que requieran tratamiento contra el dolor.También se aprobó un acuerdo legislativo para pedir a los 125 Ayuntamientos que hagan las armonizaciones de sus reglamentos municipales con la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte.Los acuerdos sobre las comparecencias del coordinador del gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, el secretario de seguridad Juan Bosco Pacheco y del director de prevención y reinserción social José Antonio Pérez Juárez; fueron retirados de la discusión y se turnaron a la Junta de Coordinación Política.La diputada de Morena Claudia García Hernández y el legislador panista Julio César Hurtado Luna se enfrascaron en una discusión luego de que la morenista señaló que la condena del ex secretario de seguridad Genaro García Luna era un juicio a los gobiernos panistas como el de Felipe Calderón.La legisladora acusó que las anteriores administraciones federales encumbraron a un socio de la delincuencia organizada.“La decisión del jurado de la corte de Nueva York es un acontecimiento histórico para los mexicanos. Los gobiernos sin legitimidad ya no deben regresar, los gobiernos formados por delincuentes y al servicio del narco ya no deben regresar; el voto de los mexicanos los expulsó en 2018 y evitará que regresen en 2024”; aseveró.Por su parte, el diputado panista sostuvo que el caso García Luna es un trueque del Gobierno Federal con las autoridades estadounidenses para distraer la atención mediática y no rendir cuentas por la actual inseguridad en el país.“Si García Luna presuntamente cobraba por proteger a los capos, pero los detuvo y los extradito a Estados Unidos; ¿cuánta lana estará recibiendo ahorita el gobierno y la Fiscalía para decir que son buenos muchachos y tener el país incendiado”, acusó.Al debate se sumó la morenista Leticia Pérez que vaticinó la debacle electoral para el PAN y el bloque opositor en el proceso electoral de 2024. El priista Julio Covarrubias aprovechó para invitar a participar en la próxima manifestación en contra de las reformas electorales.
