Viernes, 22 de Noviembre 2024

Proponen que el Estado pague a los ciudadanos los daños por balaceras

La diputada María Padilla Romo presentó una iniciativa de reforma la Ley de Responsabilidad Patrimonial; ve en qué consiste

Por: Rodrigo Rivas Uribe

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación. EL INFORMADOR/R. Rivas

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación. EL INFORMADOR/R. Rivas

Para que se cubran los daños generados en el patrimonio de personas afectadas en un hecho violento, la diputada María Padilla Romo, presentó una iniciativa de reforma la Ley de Responsabilidad Patrimonial en la que plantea que el Gobierno del Estado o los municipales paguen la reparación de daño en el patrimonio de ciudadanos que tengan afectaciones en incidentes como balaceras o bloqueos.

“Tiene que ver con los daños colaterales que dejaron los hechos violentos como el de la colonia Providencia, pero también tiene que ver con los coches incendiados en los pasados bloqueos en la ciudad y de tantos casos que han acontecido de los que no sabemos qué sucedió”, sostuvo la legisladora. Aseveró que en esos casos el patrimonio de las personas se vio afectado por hechos donde las autoridades no cumplieron con el deber de garantizar la seguridad.

La iniciativa plantea incluir en la ley el concepto de “actividad administrativa irregular en materia de seguridad pública” que se define como aquella que por acción u omisión y, ante el mal funcionamiento o ineficacia de los centros de comunicaciones y monitoreo de cámaras de videovigilancia, cause daños a los bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar por tratarse de un daño colateral provocado.

Padilla Romo reiteró las críticas por que en los hechos violentos de poco han servido las más de 800 cámaras de videovigilancia del Gobierno de Jalisco y de los municipios.

“Si no son capaces de darnos seguridad pública, que paguen los daños, pero que el Estado les cobre a los funcionarios omisos, a los que no hacen nada por la tranquilidad de los ciudadanos. De esta manera podrán entenderse incluso, como daño colateral, las afectaciones psicológicas o psiquiátricas que provocan los actos de violencia”, agregó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

JM

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