Con cambios de último momento para suprimir aspectos como facultar a la Comisión de Selección para destituir a integrantes del Comité de Participación Social (CPS), el Congreso de Jalisco aprobó un paquete de modificaciones a 17 leyes y a la Constitución estatal, conocido como la reforma anticorrupción 2.0.El acuerdo se aprobó con 34 votos a favor en lo general pero legisladores de Morena y PRI propusieron cambios en lo particular en algunos artículos que fueron rechazados.La morenista, María Esther López Chávez, sostuvo que los ajustes hechos al dictamen se les entregaron minutos antes de la sesión, sin que les diera tiempo de revisarlo. Señaló inconsistencias en el proceso de aprobación de la modificación constitucional.El diputado Enrique Velázquez lamentó que con los cambios a la Ley de Justicia Administrativa le dan “súper poderes” al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa con la facultad de atraer cualquier asunto, la priista Sofía García se sumó a los cuestionamientos por la ampliación de atribuciones. La integración de los Comités de Adquisiciones fueron otro foco de inconformidad de legisladores de oposición.Por su parte, la diputada Mara Robles Villaseñor se reservó los artículos relacionados con facultar a la Comisión de Selección para remover a integrantes del CPS; aspecto que sí prosperó y se eliminó del dictamen.El emecista Jonadab Martínez dijo que, aunque en lo aprobado hay cosas mejorables, en general la reforma fortalece el combate a la corrupción y escuchó voces de las organizaciones civiles y empresariales.Entre las modificaciones aprobadas está facultar a la Fiscalía Anticorrupción para Identificar y asegurar bienes en los delitos asociados a la corrupción. En el Código penal estatal se incluyen como delitos relacionados con corrupción la defraudación fiscal y el uso de recursos de procedencia ilícita, considera sanción de cinco a 15 años de prisión.En la modificación constitucional, se da autonomía técnica y de gestión a la Contraloría del Estado como Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo del Estado. En el paquete avanzó la modificación a la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara para armonizar su Contraloría con la legislación anticorrupción, se dejó al Consejo General Universitario realizar el proceso y designar a su titular.Aunque se modificó de último momento para suprimir la posibilidad de que la Comisión de Selección remueva a integrantes del Comité de Participación Social (CPS), activistas y el propio organismo señalaron ausencias y deficiencias en la “reforma anticorrupción 2.0”, plantean que en materia del servicio profesional de carrera se incorporó lo opuesto a lo propuesto en la iniciativa original que pretendía privilegiar la capacidad, integridad y paridad en los cargos. Además de que no se crea una ley de designaciones públicas.También omiten dotar a la Fiscalía Anticorrupción de una Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción como se propuso, para acreditar delitos de este tipo. Se descartó tipificar los delitos contra el desarrollo urbano y el de corrupción en los negocios y el deporte.Advierten que se limita la autonomía de gestión de los Órganos Internos de Control (OIC) al desaparecer la atribución de nombrar y remover a su personal. Además, reiteran que la cancelación de honorarios a los integrantes del CPS, avalada previamente, afecta su autonomía.Otro pendiente es que no contempla un sistema abierto de compras y a pesar de crear el Registro de Empresas Pro Integridad del Estado no se le considera como requisito indispensable para ser proveedor.Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.Para iOS: https://apple.co/35jaVgbPara Android: https://bit.ly/3gwVSEVSi eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777JL
