Para incluir a los titulares de cargos creados en la actual administración estatal, la diputada morenista, María Padilla Romo, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local en la que propone aumentar la lista de funcionarios que pueden ser sometidos a un proceso de juicio político.La legisladora planteó que se pueda denunciar a jueces laborales, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y a los titulares de la Jefatura de Gabinete y de las coordinaciones generales estratégicas, además de los cargos que se creen en el futuro dentro del Poder Ejecutivo, que ejerzan la titularidad de las dependencias o entidades de la administración pública estatal, las fiscalías especiales y especializadas y todos los titulares de organismos constitucionales autónomos.“Se ordena y clasifica a los funcionarios públicos según el ámbito al que pertenecen ya sea en los poderes, organismos autónomos o municipios; algo que resulta necesario porque actualmente el artículo es oscuro y no es preciso en muchos temas”, comentó.El listado incluiría a titulares de las contralorías, el titular del Centro de Conciliación Laboral y jueces municipales.En la pasada Legislatura, la exdiputada morenista María Esther López Chávez presentó una iniciativa similar que no prosperó.Con el argumento de cuidar los derechos laborales de los elementos de seguridad pública, la diputada María Romo impulsa una propuesta de modificación a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para regular la aplicación de las llamadas “boletas de arresto” y que el personal tenga derechos de audiencia y defensa antes de ser sancionado.“Actualmente se priva a los policías de un tiempo libre que tienen que sacrificar para realizar un trabajo forzado y no remunerado. Las boletas de arresto son una sanción sobreexplotada e ilegal, pues se imponen sin otorgar el derecho de audiencia”, comentó.La legisladora dijo que la intención es suprimir sanciones que consideró denigran a los policías y atentan contra sus derechos.Ambos proyectos de reforma deben ser analizados en comisiones legislativas antes de votarse en el pleno del Congreso.JM
