El cumplimiento de las órdenes de protección a mujeres que han sido violentadas podrá ser vigilado con la colocación de brazaletes electrónicos a los agresores.El Congreso de Jalisco avaló una serie de reformas entre las que se establece que, con la finalidad de garantizar la integridad de víctimas de violencia, se favorecerán la utilización de sistemas de monitoreo electrónico para ubicar a los agresores.La diputada Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que la utilización de estos dispositivos busca garantizar que se cumplan las órdenes de alejamiento y cuidar la integridad de las mujeres. Los detalles sobre el uso de estos mecanismos se definirán en protocolos específicos que tendrá que elaborar la Fiscalía General.Además, se estableció que la Fiscalía deberá emprender estrategias para dar seguimiento en tiempo real a las órdenes emitidas mediante técnicas de georreferenciación, usando los equipos del Escudo Urbano C5 del estado y los Centros de Control y Comando C4 de los municipios.“Que sea una manera de poder ubicar y tener más enfoque en las mujeres que tienen órdenes de protección y darle una tranquilidad y la seguridad que se merecen. Los agresores dentro del Código Penal ya están las causales por las cuales pueden llegar a la prisión preventiva y en este caso se genera el tema de los brazaletes o alguna otra opción para poder tener ubicado a los agresores”, explicó.La legisladora negó que el uso de los dispositivos de localización viole los derechos humanos de los agresores, argumentó que se dio prioridad al derecho de las víctimas a vivir sin violencia.También se avaló la creación de unidades móviles de órdenes de protección para las mujeres, en municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, deberán contar con un mecanismo de reacción inmediata de atención y supervisión del cumplimiento de las órdenes de protección.Se pide incorporar al banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, datos precisos de las órdenes de protección emitidas en la Entidad para realizar acciones de política criminal y facilitar el análisis e intercambio de información entre las instancias involucradas.El Gobierno del Estado y los ayuntamientos tendrán plazo de 120 días, contados a partir de la publicación en el Periódico Oficial y entrada en vigor de la reforma, para aplicar las disposiciones aprobadas.NM
