La entrega de los cien millones de pesos que aportará el gobierno del Estado para la homologación salarial de policías municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), no será automática y está condicionada a que los ayuntamientos firmen un convenio y garanticen que el apoyo será sólo para policías en labores operativas.De acuerdo con el artículo 13 transitorio del presupuesto estatal, la partida denominada "Subsidios a Municipios Homologación Salarial para elementos operativos", sólo podrá ser ejercida una vez que la Fiscalía General del Estado emita las correspondientes reglas de operación, que deberán contener la obligación de celebrar un acuerdo para la transferencia de los recursos, mediante el cual los municipios asuman la obligación de pagar con recursos propios las percepciones salariales y los aumentos que se generen en conceptos como aportaciones de seguridad social y contribuciones fiscales.Se especifica que los recursos complementarios sólo deben utilizarse para cubrir la mitad de la diferencia entre el sueldo anterior a la homologación y los 17 mil pesos que será el salario unificado. Este beneficio no podrá ser aplicado al personal que realice funciones administrativas aún cuando su plaza sea operativa. La administración estatal también fija como condición que se garantice que los elementos que obtengan la homologación conservarán sus derechos y relación jurídico- administrativa con el municipio, que en ningún caso el Gobierno del Estado sea considerado como patrón sustituto o responsable solidario de la relación laboral.También en el caso de la partida de 60 millones etiquetada para la renivelación salarial de jueces de primera instancia, se pone como requisito que el Consejo de la Judicatura del Estado firme un convenio donde asuma la responsabilidad de pagar el aumento en aportaciones de seguridad social y contribuciones fiscales. Se especifica que esos fondos sólo podrán utilizarse en la nivelación salarial de jueces.Otro requisito que tendrá que cumplir el Consejo de la Judicatura es remitir un informe semestral al Congreso del Estado y a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) detallando el ejercicio de esos recursos.En los artículos transitorios del decreto del presupuesto estatal de egresos 2018, se faculta a la Sepaf para realizar los ajustes necesarios durante el ejercicio fiscal para la implementación del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) y el Tribunal de Justicia Administrativa. Se etiquetaron 40 millones de pesos para echar andar el SAE. También se considera la posibilidad de realizar ajustes presupuestales para echar andar las reformas en materia de justicia laboral.LS
