Venció el plazo para que los policías comisionados en funciones de escoltas se reportaran ante sus corporaciones para efecto de saber su lugar de asignación y presentar el armamento o vehículos otorgados para el cumplimiento de su trabajo. Tras la entrada en vigor de la Ley estatal del Servicio de Protección, los elementos tenían hasta el pasado 22 de diciembre para cumplir el trámite; pues la legislación contempla sanciones administrativas contra quienes no cumplieron en el plazo. También todos los particulares que contaban con escoltas tenían hasta esa misma fecha para solicitar la continuidad del servicio, sino lo hicieron los policías asignados debieron regresar a su corporación. Este medio solicitó información sobre el avance del proceso a la Secretaría de Seguridad, el área de Comunicación Social del gobierno estatal refirió que el tema lo revisa la Secretaría junto con Fiscalía, pero no se ofreció más información. Según la ley vigente desde el pasado 12 de diciembre, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, debe elaborar los dictámenes de riesgo para definir cuántos elementos de seguridad se asignan a particulares que lo requieran y justifiquen. Además, se debe fijar el monto a pagar por tener el servicio. El diputado Héctor Pizano Ramos, promotor de la reforma, afirmó que no hay pretextos para que los plazos se cumplan, argumentó que el registro se tuvo que realizar pese a las festividades de fin de año; o al proceso de separación entre Fiscalía y Secretaría de Seguridad. "Fue un tema que se discutió ampliamente, la mayoría de los oficiales tienen pleno conocimiento de las nuevas circunstancias incluso algunos se acercaron a preguntar. Todos los funcionarios debían tener pleno conocimiento. La dependencia que recibió el inventario de recursos humanos y bienes, debió haber hecho el requerimiento respectivo. Se tiene que cumplir la disposición que busca acabar con los excesos y discrecionalidad que había en el manejo de estos recursos", refirió. El legislador de Movimiento Ciudadano recordó que la asignación de escoltas sin cumplir con la nueva ley quedó tipificada como delito de abuso de autoridad. Otro punto que entró en vigor es el tope al número de escoltas oficiales asignados a ex funcionarios. El máximo será 18 elementos que podrán tener ex gobernadores y ex fiscales; además de dos vehículos blindados. Los servidores públicos o ex funcionarios que no sean sujetos de protección, o que soliciten un número mayor al contemplado, deben presentar su solicitud y justificarlo ante el Consejo. NM
