El martes 28 de agosto por la mañana, entre 25 y 30 empleados federales de Liconsa en Jalisco salieron de las instalaciones de la dependencia a bordo de siete camionetas oficiales. No se dirigieron a asignaciones propias de su labor, sino a trabajar en el rancho familiar de Gerónimo Corona Alcalá, el gerente de esa paraestatal en el Estado. Desde la calle Parres 1668 en el Álamo Industrial, viajaron hasta la “Hacienda El Plan de Corona”, en el municipio de Acatlán, sitio en donde al menos dos veces los empleados públicos han ido a “enchular” el rancho previo a un convite.La última vez fue este martes, día en que Corona Alcalá ordenó a los trabajadores de Liconsa darle mantenimiento, de cara a una “fiesta de despedida” con la que este viernes 31 de agosto agasajará a los delegados del Gobierno federal.A partir de un seguimiento a los trabajadores, este medio corroboró que las placas de las unidades rotuladas que el martes salieron de Liconsa corresponden a las de los vehículos que ingresaron al rancho. Uno de ellos incluso transportaba tres palmas ornamentales para la finca.Si la cronología no se visualiza correctamente PULSA AQUÍComo empleados de mantenimiento de Liconsa, los servidores públicos realizaron labores de fontanería, jardinería, alumbrado, pintura, albañilería y demás. La instrucción fue regresar a sus labores sólo hasta concluir la asignación en Acatlán. De acuerdo con imágenes satelitales, el rancho tiene una extensión de unas 100 hectáreas y en él incluso hay cabezas de ganado. Pero esta no es la primera vez que eso ocurre. Ya existe una queja, interpuesta el 21 de agosto ante el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (Sidec), por el uso de vehículos oficiales, combustible y servidores públicos para dar mantenimiento a la “Hacienda El Plan de Corona” previo a otra fiesta que se dio el fin de semana pasado. El folio es 49108/2018. Esas acciones implican una violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo Artículo 53 aclara que el funcionario que autorice o solicite para sí mismo el uso de recursos públicos, materiales, humanos o financieros, comete el delito de peculado. “La diferencia con una paraestatal como Liconsa es que la sanción puede ser más grave cuando se utilizan recursos públicos de aquellas dependencias especializadas en atender temas de carácter social, por el tipo de ejemplo que deben dar estos servidores públicos”, dijo al respecto Angélica Cázares Alvarado, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG).En la invitación al festejo, convocado a partir de las 14:00 horas de hoy, se lee: “El delegado L.A.E. Gerónimo Eduardo Corona Alcalá se complace en invitarle al acto de reconocimiento a los delegados de la administración publica (sic) federal a cargo del presidente Lic. Enrique Peña Nieto”.“Se les espera en la gerencia de Subproducción y Mantenimiento, en este momento”. Ese mensaje llegó a los empleados federales de Liconsa Jalisco, por medio del sistema interno de comunicación que tiene la paraestatal. Esa es una de las vías que ha utilizado Gerónimo Corona Alcalá, gerente en el Estado, para ordenar a los trabajadores de la dependencia que acudan a realizar labores de mantenimiento a su rancho “Hacienda El Plan de Corona”, en Acatlán, Jalisco. Les ha solicitado que den mantenimiento a la propiedad de su familia al menos en dos ocasiones previo a la celebración de fiestas. Por los trabajos que antecedieron a la fiesta realizada el 21 de agosto, una denuncia fue presentada el mismo día ante el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (Sidec), con número de folio 49108/2018. En dicha queja se expone el uso de vehículos oficiales, combustible y empleados federales para dar mantenimiento al rancho familiar. En esa ocasión, cerca de 40 empleados de mantenimiento de la paraestatal fueron utilizados para un fin particular desde el viernes 17 y hasta el lunes 20 de agosto. Realizaron labores de limpieza, jardinería, pintura y resanado. A ese evento acudió el director general de Liconsa a nivel nacional, Abelardo Manzo González. Pero también se presentaron el delegado de la Secretaría de Gobernación en Jalisco, José Luis Mata Bracamontes, y Gabriela Vázquez Flores, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Entidad, entre otros.Un día después, Rosa Leticia Rojas Uribe, titular del Área de Quejas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirmó al denunciante, vía correo electrónico, que se inició una investigación sobre las irregularidades expuestas. Para ello, la instancia de quejas solicitó información adicional y le asignó el número de expediente DE/127/2018. Pese a ello, esta semana Corona Alcalá volvió a utilizar empleados federales, combustible y vehículos oficiales para rehabilitar el rancho de su familia. Esta vez para una fiesta de “despedida” que dará hoy viernes 31 de agosto a delegados federales del Estado. El martes pasado, más de 25 empleados federales de Liconsa colocaban macetas, limpiaban, podaban y hasta pintaban las paredes exteriores de la hacienda para dejarla presentable de cara a la fiesta de hoy. En el convite, el gerente de la paraestatal pretende entregar reconocimientos a los asistentes. Durante la semana también grabó un video en el rancho, mismo que se expondrá a los asistentes y en donde destaca los logros de su gestión y su vocación de servicio a la gente. La fiesta comienza a las 14:00 horas. Un servidor público que, valiéndose de su jerarquía, haya utilizado para sí recursos materiales y humanos no solo incurriría en responsabilidades administrativas, sino también penales pues se trata de una falta grave.Según el experto, José Elías García (coordinador Académico de la Licenciatura de Derecho en la Univa), los señalamientos que hacen los trabajadores de Liconsa Jalisco sobre el gerente de la paraestatal en Jalisco conllevan una “responsabilidad tanto de carácter penal como administrativo. Indudablemente que su conducta se configura en el delito de peculado porque se desvían recursos o personal hacia un fin distinto. La Ley General de Responsabilidades Administrativas también la considera como una falta grave”.Tanto el Código Penal Federal como la citada ley señalan que el peculado se sanciona por separado. Por lo que ve a la parte penal, es la Procuraduría General de la República (PGR) la que debe integrar la carpeta de investigación y encontrar los elementos necesarios para consignar al funcionario que incurra en ese delito. Según el académico, la sanción puede ir desde tres meses y hasta 14 años de prisión, de acuerdo con el monto del desvío.Por lo que ve a la responsabilidad administrativa, al ser una conducta grave, el ente responsable es el Sistema Nacional Anticorrupción. En este caso se procede a la separación del servidor público de manera provisional, en tanto se lleva a cabo la investigación para sancionar.Elías García explicó que los servidores públicos que fueron utilizados para tareas que no son las que tienen asignadas están obligados a denunciar el peculado o, en su caso, el desvío.“En caso de que su superior les pida realizar una conducta ajena, o contraria a la ley, tienen la obligación de denunciar. Obviamente estarían incurriendo en una responsabilidad si es que no presentaron la denuncia correspondiente, aún si hubieran sido obligados”.
