El Parlamento de Colonos, la Asociación Conciencia Cívica, en conjunto con diversas asociaciones vecinales, insistieron este lunes en que es imposible pensar en la ejecución de cualquier proyecto en el complejo de las Villas Panamericanas hasta que no se resuelvan todos los procesos legales que enfrenta.Lo que piden en conjunto, es que el edificio continúe sin la autorización, licencia o permiso para ningún proyecto, que se investigue a fondo y se castigue a los responsables de los presuntos desvíos de recursos y que de ser necesario se realice la demolición de las Villas, tal como lo marca la Ley.Alejandro Cárdenas, representante del Parlamento de Colonias, explicó que de conseguirse la anulación de las licencias de urbanización y edificación que han promovido desde el inicio del proyecto de las Villas, el resultado sería la demolición del inmueble "estamos empezando el juicio precisamente para que se llegue a esa finalidad, que se anulen las licencias".Salvador Cosío Gaona, representante de la Asociación Conciencia Cívica, aseguró que las Villas son un desarrollo privado e ilegal, fueron construidas bajo permisos que violentan el uso de suelo de acuerdo con las normas municipales, estatales y federales respecto del entorno ecológico y desarrollo urbano sostenible, por lo cual "es un crimen" en contra del hábitat al no ser apto para la urbanización".Dijo también que uno de los motivos por los cuales no avanza el caso de las Villas es por la falta del nombramiento del tercer magistrado de la Sala Superior del Tribunal Administrativo, dejando "parados" más de 600 juicios, entre ellos, el del "Desarrollo Villa Bosque", como es llamado el predio.De acuerdo con Cosío Gaona, los desvíos de recursos corren a cargo del Instituto de Pensiones y Jubilaciones (IPEJAL) al realizar una inversión con dinero público para adquirir vivienda de manera "ventajosa", así como del Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe, ahora Ijalvi) que invirtió recursos para un proyecto "privado" cuando su finalidad es la de promover la vivienda popular, además de los 500 millones de pesos que invirtió el Estado como "fondo perdido" durante la administración de Emilio González Márquez.Las organizaciones pidieron al alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro, que presente a los procedimientos legales los planes y estudios técnicos realizados para la propuesta del traslado del Conacyt a la Entidad pues hasta ahora no han aportado ningún documento. "No es una negociación con nosotros, es un procedimiento ante un juez, no es una cuestión personal, nosotros cuestionamos la decisión de la autorización ante un juez y ellos para sustentarlo tendrán que presentar ante el juez que sí se puede", agregó Alejandro Cárdenas.
