El gobernador Enrique Alfaro presentó su propuesta para modificar el mecanismo de designación de magistrados y jueces. Ésta incluye la obligación de aplicarles pruebas de control de confianza.De aprobarse en el Congreso, a los actuales integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a los jueces de primera instancia, se les dará un plazo de seis meses para aprobar dichas evaluaciones.La iniciativa del mandatario estatal incluye suprimir el pago de haber de retiro, eliminar la posibilidad de que los funcionarios se reelijan y fijarles un solo periodo por 10 años.El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro, se pronunció en desacuerdo con que se les someta a las pruebas de confianza.Precisó que será el pleno de este poder el que decida si presentan algún recurso legal en caso de que se apruebe la reforma.La propuesta de Alfaro no contempla ninguna intervención del Ejecutivo en los nombramientos. Será el Legislativo el que emita las convocatorias. Los aspirantes deberán acreditar evaluaciones realizadas por una institución de educación superior y por el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado.Además, un comité de vigilancia, conformado por representantes de las universidades de la Entidad, se integraría para acompañar el trámite.Aunque el gobernador, Enrique Alfaro, ha denunciado que hay “redes de corrupción” en el Poder Judicial del Estado, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Suro Esteves, aseveró que no ha identificado ninguna red de complicidades.Sostuvo que, pese a los señalamientos, no han recibido quejas administrativas contra juzgadores, y que el Consejo de la Judicatura ha tomado medidas para agilizar los procedimientos de revisión cuando reciben señalamientos contra algún funcionario.“Hasta el momento no hay una queja administrativa, directamente poniendo de manifiesto un tema de corrupción, no ha habido. Hacemos visitas a los juzgados para ver si hay un tema de mala práctica que pueda ser susceptible de catalogarse como corrupción. Habrá que ver si se está presentando o si en realidad existen esas redes de corrupción. No las tenemos detectadas como tal a través de una queja administrativa”, expuso.El magistrado negó que existan grupos o familias que ejerzan control en el Judicial y evadió hablar de los casos de magistrados que han dado cargos a familiares.También se dijo en desacuerdo con la propuesta del gobernador de aplicar pruebas de control de confianza a juzgadores. Comentó que en la mayoría de los puntos de la reforma que impulsa el Ejecutivo sí está de acuerdo, por lo que el Poder Judicial no presentará una contrapropuesta, aunque están abiertos a participar en el análisis de la reforma si los convocan.“Me atrevería a decir que no coincido mucho en el tema de las pruebas de control de confianza que se maneja; no concibo la idea de que un poder analice a otro poder”.Al respecto, el gobernador comentó que considera que hay voluntad, pero lo ve “sometido a muchas presiones”, y que hasta el momento el Poder Judicial estatal no ha dado una respuesta del tamaño que requiere el reto de combatir la corrupción. La administración estatal está preparada para dar la batalla jurídica en caso de que se presenten recursos en contra de la aplicación de las pruebas de confianza a jueces y magistrados, afirmó Adrián Talamantes Lobato, titular de la Consejería Jurídica estatal. Argumentó que aunque hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en contra de que se someta a los juzgadores a estas pruebas, esa controversia tuvo su origen en que ese requisito se incluyó en una ley secundaria y en la propuesta actual se eleva a rango constitucional.“No tenemos duda de que habrá resistencia, habrá impugnación y será la autoridad competente a la que le toque resolver”.El gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, advirtió que “exhibirán” a jueces o magistrados que se amparen en contra de presentar las pruebas de confianza y someterse a la evaluación.“Nos la vamos a jugar. Si alguien interpone un recurso lo vamos a hacer público, le vamos a decir a los jaliscienses”, dijo.