Sin presupuesto etiquetado, el Poder Judicial del Estado debe integrar la estructura administrativa de su nuevo Sistema de Evaluación de Control y Confianza creado para examinar a jueces y magistrados.El centro evaluador dependerá financieramente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) que durante el primer trimestre del año debe realizar ajustes presupuestales para garantizar el funcionamiento del nuevo ente. En la reforma al Poder Judicial estatal, aprobada en 2019, se incluyó revisar la evolución patrimonial de magistrados y jueces; además de aplicarles pruebas de control y confianza. Los juzgadores tendrían que aprobar las evaluaciones cada cuatro años.Otros pendientes para la operación del centro evaluador son que presente su reglamento interno, una propuesta de plantilla de personal y un plan anual de trabajo que deberá incluir la calendarización de las evaluaciones que se aplicarán a los juzgadores. Para realizar su labor podría buscar convenios de colaboración y coordinación con organismos, dependencias y entidades internacionales, federales, estatales y municipales.El ex magistrado Gabriel Gallo Álvarez fue designado como director del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial y asumió el cargo desde octubre pasado.Para el arranque de operaciones del centro se requerirían alrededor de 50 millones de pesos (MDP), según calculó el ex presidente del Poder Judicial Ricardo Suro, antes de que se aprobara el presupuesto donde no se le etiquetaron recursos.Al Supremo Tribunal de Justicia se le asignó presupuesto de 519.4 MDP y al Consejo de la Judicatura estatal mil 229 millones. Según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces de primera instancia a fin de ser reelectos deberán acreditar previamente la aprobación de las evaluaciones de desempeño y de control de confianza. También los magistrados deben someterse a las pruebas cada cuatro años. NR
