Uno de los principales discursos de diferentes colegios de abogados que están en contra de la certificación obligatoria de la Dirección de Profesiones del Estado es que se aplique una multa costosa en caso de no aprobarla. Por lo anterior, Martín Almádez, director de la dependencia estatal, señaló que buscarán quitar esa sanción y que el profesionista pueda seguir laborando hasta que apruebe.Esta certificación obligatoria comienza en enero de 2023 para profesionales como doctores, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, abogados, contadores, arquitectos e ingenieros, entre otras.La certificación profesional es una actualización a la que deberán someterse los profesionales cada cinco años y tendrpa un costo de 500 pesos.“Forma parte de lo que se maneja como argumento contrario a la certificación, la misma si contempla una multa y estamos contemplando una reforma para que la multa desaparezca. Estamos convencidos de que debe de ser obligatoria la certificación, pero no que existan multas al respecto. Tú eres médico profesionista y dentro del colegio de profesionistas buscas la certificación, haces tramitología para certificarte y si resulta que al término del periodo el resultado no es favorable, tendrás otra oportunidad para certificarte en seis meses".Señaló que durante ese tiempo no dejas de trabajar profesionalmente, se te avala para que estés trabajando sin que genere un daño a tu bolsillo, ni a tu derecho.Almádez destacó que actualmente en el proceso que se encuentran para comenzar ya con la certificación el año entrante es verificar variables y en dos meses ya tener una comisión interinstitucional para determinar quiénes serán los entes certificadores.“Al día de hoy hemos completado las labores que está obligado el consejo, determinar cuáles son la variables que cada uno de los profesionistas debe de cubrir para poderse certificar y estaremos instalando a finales de noviembre la comisión interinstitucional que será el organismo que determina cuáles son los entes evaluadores y certificadores para que la certificación ya sea un hecho a partir de enero 2023, el proceso de la certificación es paulatino”, acotó.Debido a un amparo promovido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará que en Jalisco no se vulnere el derecho a la libertad de Trabajo con la exigencia de un certificado profesional, se dio a conocer en agosto pasado.Para el director de profesiones es importante que la SCJN tenga en revisión el amparo relacionado con la certificación obligatoria para los profesionistas.“Hasta donde yo entiendo no somos el destinatario inmediato, el hecho de que la Suprema Corte haya tomado interés en el tema, yo lo veo favorable porque primeramente nos pone a un nivel de importancia de ellos, segundo si la suprema corte se inclina por una decisión u otra y eso sería una decisión definitoria que no hay más allá de eso en el debate, como parte del ejecutivo estaremos a ver qué resuelve la instancia en materia de leyes”, destacó.Esta certificación profesional será obligatoria para las y los profesionistas cuyas actividades se enfocan en una de las diversas ramas profesionales que garantizan la salud (médicos), la libertad (abogados), el patrimonio edificado (ingenieros y arquitectos) y el patrimonio financiero (contadores).De acuerdo con la Ley para el Ejercicio de actividades profesionales del Estado de Jalisco, para que la cédula profesional esté vigente debe contar con la certificación de competencia profesional; con vigencia definitiva o temporal, ésta, renovable a partir de la evaluación satisfactoria de sus competencias profesionales y su actualización continuaDe 100 a 200 salarios mínimos generales vigentes en el Estado de Jalisco, es decir de 17 mil 287 a 34 mil 574 pesos.
