Sergio Quiñones Rodríguez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, explica que el caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo tiene una nueva interpretación por los cambios políticos y jurídicos que han ocurrido desde entonces, principalmente tras las reformas Constitucionales de 2011 sobre derechos humanos.“Si hacemos una revisión de 30 años atrás, recobra vigencia que el caso, entre otros deba volverse a discutirse bajo nuevas condiciones u ópticas, como el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, incluso a la memoria histórica”.Remarca la importancia de la figura del clérigo, que representa a la iglesia católica en nuestro país, por lo que sería clave el aporte de nuevas evidencias e incluso reabrir la investigación desde cero.Subraya que el caso se redujo a una investigación de carácter criminal, a través de una interpretación positiva de la norma, y solamente de aportar pruebas materiales. “Hoy la perspectiva en este tipo de casos irían más allá de la teoría del delito, sino en analizar el contexto social y político en el que se da la situación, y hacer preguntas. No es únicamente normalizar la violencia, sino que normalizamos la ausencia o fracaso del Estado de derecho, para migrar a una sobrevivencia al margen de la ley”.Por otro lado, detalla que el cardenal muere en una época en el ascenso de un cártel, donde el Estado mexicano falla en su política de seguridad y control. “Siempre se ha aludido a que su muerte es una confusión.Hay dictámenes en su momento periciales que indican que el ataque fue directo; es difícil presumir una confusión. Al paso de 30 años observamos que tanto sociedad civil como la feligresía católica han dejado una herida profunda.Queda una deuda del Estado con la sociedad, puede significar que este caso les sea ajeno o remoto, y olvidar que en este país se ha asesinado a un jerarca de la Iglesia, pero al paso de estos años que no se haya hecho justicia sienta un fuerte precedente”.Subraya que este tipo de acciones por parte de autoridades ministeriales hablan de omisiones y limitan el derecho a la verdad y acceso a la justicia. “Podemos empezar a recuperar esa tesis del posible crimen de Estado, que se da no solamente en la ejecución de elementos de privar de derechos o de la vida, sino también en las omisiones que de manera objetiva el Estado realiza para evitar el que se llegue a la justicia”.Por último, destaca lo importante que es no caer en un proceso de normalización de la impunidad. “Estos casos apuntalan esa idea. La sociedad civil va perdiendo su fuerza y oportunidad de ser motores que inciden en un cambio en la política de seguridad de nuestro Estado, y se deja a toda la sociedad con inquietudes y preguntas”.
