La falta de seguimiento de la actual administración al caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo daña a toda la comunidad, principalmente la católica, refiere Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara.Sobre por qué es importante el esclarecimiento del hecho, responde que en primer lugar por el “honor a la verdad, en esta nación donde prevalece la injusticia, la corrupción, la impunidad. Si se siguen las investigaciones sin llegar a la verdad, estaríamos en contra de esas lacras que han dañado tanto al país. La feligresía católica requiere conocer la verdad, y para saber quién lo mató y poder emitir una opinión pública, un juicio sobre los autores intelectuales y los actores materiales”, destaca Gutiérrez Montaño.El vocero del Arzobispado de Guadalajara considera que ha existido falta de voluntad por parte de las autoridades por informar de la realidad de los hechos. Menciona que aunque han difundido de manera oficial que se está avanzando, que se le está dedicando tiempo. “Pero prácticamente no hay nada sustancial que modifique la postura inicial, de que a la mejor fue confusión, o fuego cruzado, con la calumnia de que el cardenal estaba involucrado en malos pasos, etcétera. Fuera de eso la autoridad no ha modificado esa versión”.De julio de 1998 a julio de 2000 se conformó un grupo denominado Interinstitucional para profundizar en las causas de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y con este motivo se nombraron representantes de la Iglesia Católica y del Gobierno de Jalisco para revisar el expediente y ahondar en la investigación.En un acuerdo legislativo formado por diputados integrantes de la LVII Legislatura del Congreso de Jalisco se indicó que pesar de que este grupo aportó un gran número de pruebas y logró avances muy importantes, “su trabajo no fue concluyente toda vez que algunos de los integrantes se inclinaban por la hipótesis de la confusión y otros porque fue un crimen doloso, con 14 disparos directísimos y a corta distancia, en una operación que implicó premeditación, alevosía y ventaja; posteriormente, el 15 de noviembre de 2000 se mandó a la reserva el expediente del caso, ratificando la hipótesis de la confusión, en espera de nuevos elementos que permitieran dar continuidad a la investigación”.El 12 de junio de 2001 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reabrió la investigación.
