Todos los integrantes de la red de venta de plazas para trabajar en la Secretaría de Educación Jalisco irán a la cárcel, prometió este sábado el gobernador, Enrique Alfaro, durante la presentación del Proyecto Educativo Jalisco, ante docentes en la Escuela Normal.“Hace unos días detectamos una red de corrupción que permitía vender plazas a los maestros. La vamos a desmantelar pedacito por pedacito y voy a ir hasta arriba contra los que resulten responsables, vamos a meter a la cárcel a los que lucraron con los maestros de Jalisco”.El gobernador anticipó que demostrará que, a diferencia de otros gobiernos, no se centrarán en buscar solamente “chivos expiatorios”, sino que encontrarán y sancionarán a todos los responsables sin importar el nivel. “Lo digo con claridad, contra quien resulte responsable”.El pasado 9 de febrero, el Gobierno del Estado reveló la existencia de una red dedicada a la venta de plazas para laborar en diversos puestos en la SEJ. Por cada una, sus integrantes cobraban entre 10 y 130 mil pesos, por lo que se estima que recaudaron más de 35 millones de pesos.Al momento del anuncio, se habían detectado al menos 838 casos de plazas irregulares o de víctimas, a las cuales se les vendieron plazas provisionales o aún sin entregar.Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la dependencia, explicó en ese entonces que se tenían identificados a cuatro operadores de 17 que conformaban esa red. De estos hechos se interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado.Este sábado, Flores informó que tras hacer pública la noticia se abrió una mesa con personal de Educación y de la Fiscalía para recibir nuevos casos. “Se ha incrementado (la lista) ligeramente”, sin embargo no precisó cuántos nuevos casos más sumaron.Sobre los 17 integrantes de la red detectados, el secretario se reservó la información sobre sus identidades o cuántos más ya se ubicaron.“Todavía no podemos dar esa información que es parte de la investigación que está en manos de la Fiscalía”.Adicional a la venta de plazas, las autoridades detectaron anomalías en una quinta parte de las cerca de 100 obras que se llevan a cabo actualmente en escuelas, como aulas sin concluir, por lo que se buscará deslindar responsabilidades. “Estamos integrando varios expedientes, los estamos acumulando”, indicó Flores.Tras concluir los 60 días de la entrega y recepción la ley obliga a las autoridades a informar al Órgano de Control Interno, que depende de la Contraloría, el cual tiene que notificar a los implicados para que justifiquen las observaciones.“Justo está corriendo ese proceso, si no hay respuesta por parte de ellos, si no es satisfactoria, lo lógico sería pensar en que la Contraloría del Estado proceda a hacer denuncias ante la Fiscalía”.NM
